Archivo del Autor: Dimas Castellanos

Cuba: las elecciones de 2013 y el pluripartidismo

Publicado en http://www.diariodecuba.com /cuba/1362640909_911.html

Según los resultados oficiales de las “elecciones” celebradas el domingo 3 de febrero del presente año, 1 249 832 cubanos –el 14,22% del total de electores–, en una clara manifestación de rechazó al sistema electoral cubano, no asistió a las urnas o anuló las boletas.

El número de personas con esa conducta venía creciendo desde los comicios precedentes. En el año 2003 la suma de esas dos categorías (los que no asistieron a las urnas y los que anularon las boletas) fue de 506 453 personas para el 6,09% del total de electores; mientras en el año 2008 fue de 657 119 para un 7,73%; mientras en los recientes comicios de 2013 se elevó hasta 1 249 832 cubanos, el 14,22% del total de electores, casi el doble de los comicios precedentes.

Lo más significativo de ese salto fue la cifra de los  que decidieron no asistir a las urnas. En el año 2003 se abstuvieron 193 306 para un 2,35% de los electores. En el año 2008 fueron 264 212 para un 3,11%; mientras que en 2013 la cifra aumentó a 790 551, para un 9.12%, casi tres veces más que en el año 2008.

No asistir a las urnas –en una sociedad carente de derechos cívicos y políticos, bajo un control estatal casi absoluto sobre las personas y con un sólo partido refrendado constitucionalmente–  constituye la opción más atrevida.

En Cuba, donde la única posibilidad es confirmar los Candidatos elegidos por las Comisiones de Candidaturas, las cuales se  integran por dirigentes de las organizaciones de masas subordinadas por sus propios estatutos al Partido Comunista, no asistir a las urnas es la prueba de que el Gobierno perdió el consenso; por tanto, los resultados encierran una profunda lección y constituyen un mensaje que las autoridades Cubanas deberían tener en cuenta. Ignorarlo es marchar hacia la ingobernabilidad manifiesta.

La razón, detrás de los resultados, consiste en que las Comisiones de Candidaturas son las que realmente eligen a los Diputados que conforman la Asamblea Nacional del Poder Popular, los que después eligen al Consejo de Estado, al Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, y éste último designa a los integrantes del Consejo de Ministros. Por tanto, la Asamblea Nacional y el Gobierno son el resultado de la potestad de las Comisiones de Candidaturas; lo que explica que muchos cubanos decidan no asistir a las urnas, al punto que ya representan casi el 15% de los cubanos con derecho al voto; cifra casi tres veces mayor que los miembros del Partido Comunista. Es además una prueba de que las llamadas elecciones en Cuba son ajenas a las difíciles condiciones de vida de miles y miles de cubanos que o viven al margen de la Ley o  abandonan el país.

Ante una crisis estructural profunda, como la que atraviesa Cuba, los resultados electorales confirman la imposibilidad de limitar los cambios a determinados aspectos de la sociedad. Por ello, a pesar de la persistencia gubernamental en ignorar el tema del pluripartidismo, la realidad se ha encargado de situarlo en primer plano. Los datos electorales confirman que existe un sector de la sociedad inconforme que está reclamando un espacio político. Son cubanos que carecen de los derechos para asociarse legalmente y participar en los destinos de la nación. ¿Cómo justificar la existencia de un solo partido cuando casi el 15% de los electores no responden a su llamado?

El desarrollo social no excluye sino que implica el multipartidismo como expresión de la natural diversidad de ideas e intereses y como mecanismo para la participación política de los ciudadanos. La nación es una comunidad de personas diversas pero iguales en dignidad, que buscan un bien común para lo cual son imprescindibles los plenos derechos y deberes económicos, cívicos, políticos y culturales. De ahí la necesaria restitución del derecho de asociación y de la despenalización de la diferencia política, para que los cubanos puedan desempeñar el papel activo y determinante que les corresponde en los inminentes cambios.

En El Contrato Social Juan Jacobo Rousseau expuso que: de la unión de las personas para defender y proteger sus bienes emana una voluntad general que convierte a los contratantes en un cuerpo colectivo político. Al ejercicio de esa voluntad general se le denomina soberanía y al sujeto que la ejerce soberano. De acuerdo a ese status el pueblo elige los funcionarios para el ejercicio de la voluntad general y deposita en ellos, de forma temporal, un mandato para la elaboración y ejecución de las leyes, y para el mantenimiento de las libertades ciudadanas. Es decir, que las elecciones constituyen una manifestación de la soberanía popular.

En Cuba, la violación del orden constitucional ocurrido en 1952 dio lugar al movimiento insurreccional que derrocó a la dictadura en 1959. El 8 de enero de ese mes, el líder del movimiento  revolucionario aseguró que se iba a convocar a elecciones en el más breve plazo de tiempo posible y a restituir la Constitución de 1940. Sin embargo, unos días después, sin consulta popular, la Carta Magna fue sustituida por la Ley Fundamental de la República de Cuba. En virtud de esa Ley, que estuvo vigente hasta la promulgación de la Constitución de 1976, el  Consejo de Ministros asumió las funciones del Poder Legislativo y refrendó constitucionalmente la existencia de un solo partido político y desde esa posición excluyente ha venido hasta hoy convocando a unas “elecciones” donde el pueblo no puede elegir directamente al primer mandatario de la República, lo que constituye una franca negación de nuestra herencia histórica.

Ese sistema vigente, que limita el voto directo del pueblo a los delegados de las asambleas municipales, es una de las causas principales de la indiferencia de los que no asisten o invalidan las boletas electorales. Un sistema eficiente para conservar el pode, pero inútil para coadyuvar a los cambios que la sociedad demanda. Todo ello  pone a la orden del día la necesidad de introducir el multipartidismo y realizar los correspondientes cambios en la Constitución.

Las UBPC, las 17 medidas y el Decreto-Ley 300: nueva forma y viejo cont

Publicado en (http://www.convivenciacuba.es/index.php/economa-mainmenu-56/904-la-ubpc-las-17-medidas-y-el-decreto-ley-300-nueva-forma-y-viejo-contenido)

p32001331La ineficiencia generalizada en la agricultura condujo al gobierno cubano a dictar nuevas medidas, dirigidas esta vez al cooperativismo y a la entrega de tierras en usufructo. La comprensión del posible resultado de esas disposiciones nos remite al análisis de las causas que condujeron al fracaso sufrido en el intento de elevar la eficiencia de la producción conservando un cooperativismo ilegítimo y el monopolio de la propiedad agraria.

El cooperativismo, manifestación del carácter social del hombre, tuvo su manifestación moderna a mediados del siglo XIX, cuando en Inglaterra algunos tejedores fundaron la sociedad De los Probos Pioneros de Rochdale para el suministro de artículos de primera necesidad. Esa experiencia generalizada en varios países de Europa sufrió un salto cualitativo en 1895, cuando en un congreso internacional, celebrado en Londres, se creó la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). Un siglo después, en  el congreso de 1995 realizado en Manchester, la ACI definió el concepto de cooperativa como una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta, con una estructura democrática donde cada asociado tiene derecho a un voto, las decisiones se toman por mayoría, y cuentan con una dirección electiva y un reparto equitativo, distributivo y proporcional de los excedentes.

En Cuba, después que España declaró toda la tierra realenga, comenzó una distribución entre los colonizadores que generó grandes latifundios ganaderos, los cuales, debido al nacimiento y avance de la pequeña y mediana propiedad, se fueron dividiendo. Ese proceso de diversificación se aceleró con el crecimiento de la industria azucarera. Ya a fines del siglo XIX la demanda de caña de los grandes centrales azucareros introdujo la competencia, provocando el resurgimiento del latifundismo, ahora azucarero. Como resultado de esas transformaciones el proceso de diversificación de la propiedad iniciado en el siglo XVI giró hacia la concentración y al despojo de cientos de miles de pequeños propietarios, lo que explica el por qué en Cuba, a diferencia de las mayoría de los países, la cooperativización agrícola no fue significativa.

Resultado del proceso, descrito antes de 1959 quedaban en Cuba unos cien mil propietarios de tierra, a los que se unieron otros cien mil que la Revolución les entregó títulos de propiedad con la Primera Ley de Reforma Agraria en 1959, pero en vez de parcelar los grandes latifundios, lo que hubiera creado un campesinado mucho más numeroso, el Gobierno concentró el 40,2% de la propiedad y los trabajadores de esas tierras se convirtieron en trabajadores asalariados del Estado.

La idea del cooperativismo tomó fuerza como resultado del voluntarismo de los dirigentes revolucionarios. En marzo de 1960 se crearon las “cooperativas” cañeras en las tierras que antes pertenecían a los ingenios azucareros, las que en breve tiempo fueron transformadas en propiedad estatal, mientras el verdadero cooperativismo quedó limitado a unas pocas asociaciones formadas por campesinos privados. El líder de la Revolución reconoció que: aquellas cooperativas (se refiere a las cañeras) no tenían realmente una base histórica, puesto que las cooperativas se forman realmente con los campesinos propietarios de tierra. A mi juicio –dijo– íbamos a crear una cooperativa artificial, convirtiendo a los obreros agrícolas en cooperativistas. Desde mi punto de vista, y quizás aplicando aquello de unos versos de Martí, esclavo de la edad y las doctrinas fui partidario de convertir aquellas cooperativas que eran de obreros y no de campesinos, en empresas estatales.

Con la Segunda Ley de Reforma Agraria, en 1963, se  fortaleció el sector estatal que vio aumentado sus propiedades hasta el 70% de las mejores tierras del país, a la vez que se inició un proceso dirigido a disminuir el número de campesinos independientes. Ya desde fines del año 1960, Fidel Castro había expresado: Es necesario que los pequeños agricultores, en vez de ser cañeros, tabacaleros, etc. sean sencillamente agricultores y organicemos una gran Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. En mayo de 1961 se creó la ANAP y en consecuencia se procedió a colectivizar a los 200 mil campesinos propietarios de tierra. Se crearon las asociaciones campesinas, luego las Brigadas de Ayuda Mutua y a continuación las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), carentes de personalidad jurídica. A partir del año 1975 se impulsó el desarrollo de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), formadas por campesinos que unieron sus fincas y demás medios de producción “voluntariamente” como vía para el desarrollo socialista del campo. A fines de 1977 existían 136 CPA y en junio de 1986 su número había aumentado hasta 1369, que representaba el 64% de las tierras campesinas, mientras la propiedad estatal se elevó hasta el 75% del área cultivable del país.

La actividad productiva y económica de estas “cooperativas” quedó integrada a los planes estatales de producción, mientras la comercialización de sus productos era realizada por la Empresa Estatal de Acopio. A pesar de esas trabas algunas cooperativas aumentaron considerablemente sus ingresos, por lo que José Ramírez, entonces Presidente de la ANAP, expresó: En ciertas cooperativas se observa la tendencia a incrementar en forma desproporcionada el reparto de las utilidades, contrariamente a lo estipulado por el Reglamento General. Es decir, la posibilidad de enriquecimiento asustó al Gobierno; asunto que fue discutido en el VI Congreso de la ANAP en mayo de 1982, donde se propuso la aplicación de un impuesto al sector campesino con el fin de dirigir parte de las ganancias a la satisfacción de “necesidades” de tipo social.

Cuando las medidas ajenas a la esencia del cooperativismo fracasaron y cuando estaba demostrado que la concentración de las tierras en manos del Estado había generado el desinterés de los trabajadores agrícolas, enormes extensiones de tierras se habían infectado de marabú y se había generalizado el desabastecimiento de productos agropecuarios; en un contexto caracterizado por la pérdida de los subsidios provenientes de los países socialistas de Europa Oriental, el Gobierno, en 1993, tomó la decisión de crear las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) para convertir en “cooperativas” las áreas estatales improductivas. Con ese fin se entregó la tierra en usufructo a los productores, pero conservando la propiedad estatal. El Reglamento original, que no le reconocía personalidad jurídica a las UBPC –capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones– estipulaba en sus puntos fundacionales el vínculo del productor al área; la capacidad de abastecimiento de las familias integrantes; la correlación entre producción e ingresos; y el desarrollo efectivo de la autonomía de la gestión. El incumplimiento de esos y otros aspectos se reflejó en los pésimos resultados obtenidos.

Actualmente, las 1989 UBPC existentes ocupan más de 170 mil hectáreas, pero el 23% de esas tierras continúan ociosas y solo 540 están en condiciones de sobrevivir. En el año 2010 el 15% de ellas cerró con pérdidas y el 6% no presentó balance económico. Aunque poseen el 27% de la tierra, producen solo el 12% de los granos, viandas y hortalizas y el 17% de la leche, mientras sus pérdidas superan los 200 millones de pesos.

Esa larga cadena de fracasos condujo recientemente al Consejo de Ministros a dictar 17 medidas para solucionar una de sus limitaciones: la dependencia de estas instituciones respecto a las empresas estatales. Sin modificar los principios originarios (que siempre fueron violados por el propio Estado), la Resolución 574 de 13 de agosto de 2012 les reconoce personalidad jurídica; las autoriza a comprar productos y servicios directamente; faculta a la Asamblea de Socios para distribuir un porciento de las utilidades entre sus miembros; posibilita establecer relaciones contractuales directas con las empresas suministradoras de insumos; y los administradores no serán designados por el Estado, sino elegidos por los socios en Asamblea General, pero sin cambiar nada la tenencia de la propiedad, que continúa siendo estatal.

A pesar de los aspectos positivos contenidos en el nuevo Reglamento General, los trabajadores de estas asociaciones continúan sin ser propietarios, sino usufructuarios de una propiedad estatal, por lo que no resulta difícil avizorar que estamos ante un nuevo eslabón en la cadena de fracasos, y por tanto ante la necesidad de implementar nuevas reformas, bien por el gobierno actual o bien por el que le suceda, hasta que los integrantes de las UBPC se conviertan en dueños colectivos de la tierra que trabajan y puedan tomar sus determinaciones de forma verdaderamente autónoma.

En esa misma dirección el pasado 9 de diciembre entró en vigor el Decreto-Ley 300, mediante el cual el Consejo de Estado autorizó la entrega de tierras estatales ociosas –una variante de lo que ocurrió en 1993 con la creación de las UBPC– en concepto de usufructo  por tiempo determinado, el cual derogó lo dispuesto en el Decreto-Ley 259, cuyo antecedente fue la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular del 11 de julio de 2008, cuando el Presidente del Consejo de Estado expresó enfáticamente: ¡Hay que virarse para la tierra! ¡Hay que hacerla producir! Y agregó que muy pronto se dictarían las disposiciones legales para iniciar la entrega en usufructo de tierras ociosas a quienes estén en condiciones de ponerlas a producir de inmediato. Con ese fin, una semana después de sus palabras, se dictó el Decreto-Ley 259, que nació condenado al fracaso por una razón tan sencilla como esencial: una vez reconocida la incapacidad del Estado para hacer producir la tierra y calificada la producción de alimentos como un problema de seguridad nacional, resultaba contraproducente entregar la tierra en usufructo a los productores y conservar la propiedad en manos del Estado. No existe otra justificación, al margen de razones ideológicas, para que el Estado, incapaz, continuara siendo el dueño. El fracaso de este Decreto-Ley explica las razones de su sustitución por el novísimo Decreto-Ley 300.

La nueva normativa retoma la insalvable contradicción consistente en hacer producir la tierra y a la vez evitar la formación de un empresariado nacional. Ese intento en un contexto de crisis interna estructural, agravada por los elevados costos de los alimentos en el mercado mundial, augura un nuevo fracaso. A pesar de que antes, el área entregada de 1 caballería de tierra, se podía extender hasta 3 y ahora es extensible hasta 5 caballerías, y que se eliminó la absurda prohibición para construir en la tierra recibida, el usufructuario para acceder a los insumos y servicios tiene que vincularse de forma obligatoria a las entidades con personalidad jurídica, dígase granjas estatales, CCS, CPA o UBPC.

La  subordinación de las leyes económicas a la ideología del poder, explica tanto la causa del fracaso como el intento de reparar las decisiones anteriores con las recientes medidas. Se trata de cambios de forma que conservan los factores esenciales que han condicionado el atraso en la agricultura cubana, por lo que las nuevas disposiciones no resolverán el aumento de la producción agrícola. Al mismo tiempo, a pesar de las intenciones gubernamentales, su aspecto positivo radica en que, en un lento y tortuoso proceso contra viento y marea, muchos trabajadores del campo se van entrenando como futuros agentes de un empresariado nacional.

Mientras tanto la mayoría de los cubanos sigue mirando desde las gradas los inasequibles precios que impiden llevar los productos del agro a su mesa, mientras el Estado se ve obligado a continuar comprando productos en el exterior que son perfectamente cultivables en nuestros suelos. Así ocurrirá hasta que las formas nuevas sean portadores de un nuevo contenido: libertades y democratización.

Hacia el pasado para acercarnos al presente

Publicado en el Diario de Cuba

(http://www.diariodecuba.com/cuba/1361922940_347.html)

Nuevas resoluciones dictadas por el Ministerio de Economía y Planificación, que  introducen cambios en las relaciones económicas, brindan mayor atención a la reinserción de las formas de gestión no estatales. Las medidas, publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria, número 4, del  21 de febrero de 2013, autorizan el pago en pesos convertibles (CUC), de personas jurídicas a personas naturales en  determinadas actividades.

Entre las nuevas disposiciones están los servicios de alimentación que ofrecen los trabajadores por cuenta propia, la contratación de servicios de reparaciones menores por las entidades presupuestadas y el sistema de turismo. También se aplicarán en los experimentos que se aprueben como nuevas formas de gestión. Los pagos a los contratados se efectuarán mediante “cheques, tarjetas, pagarés, letras de cambio, cartas de crédito local y otros”. Las cantidades a pagar no estarán limitadas por decisiones administrativas, pues los montos para ejecutarlos tienen que estar aprobados en los presupuestos y planes para el año fiscal de las personas jurídicas.

La información, que con excepción de Corea del Norte no tiene rango de noticia en ninguna parte del mundo, en Cuba, debido al retroceso sufrido en las relaciones económicas, constituye un hecho peculiar, necesario e importante.

1- Es peculiar, porque constituye un paso atrás. En 1959 el Gobierno desató una ofensiva contra la propiedad privada y el derecho económico que comenzó por la nacionalización de las mayores empresas extranjeras, continuó con las nacionales y no se detuvo hasta eliminar las últimas 56 mil pequeñas empresas privadas con la Ofensiva Revolucionaria del año 1968. El resultado de la estatización fue la ineficiencia. La desaparición de los productos y servicios que brindaban los establecimientos clausurados nunca pudieron ser suplidos por el Estado. En su lugar, el interés por los resultados productivos comenzó a decrecer, lo que unido a la insuficiencia de los salarios, obligó a los cubanos  a sobrevivir al margen de la legalidad con el consiguiente deterioro ético. Se trata de un regreso parcial a lo que existía en Cuba antes de 1959, cuando los productos y servicios que ofrecían las pequeñas empresas privadas se pagaban con el peso cubano que tenía paridad con el dólar estadounidense. La diferencia con el pasado radica en que ahora existe una dualidad monetaria: se cobra el salario en pesos cubanos devaluados y se pagan en CUC la gran mayoría de los productos y servicios, lo que significa un regreso de los cubanos al pasado en peores condiciones.

2- Es necesario, porque las limitaciones y contradicciones de las medidas introducidas para salir de la crisis en que el país está sumido, al no arrojar resultados positivos está obligando a enmendarlas y complementarlas. En esa dirección el trabajo por cuenta propia, que no es más que una tenue resurrección de lo que existió antes de 1959, para que desempeñe un papel efectivo en las relaciones económicas, requiere la eliminación de las trabas con que nació. De ahí la necesidad de las recientes medidas y de otras que tendrán que ser promulgadas.

3- Es importante, porque el atraso sufrido ha sido tan grande, que el regreso al pasado representa un paso adelante. La intención de cambios, que se manifestó en 2006 y comenzó a tomar cuerpo a partir de 2008, no ha dado los resultados esperados. Aunque las causas son muchas, entre ellas se destacan dos contradicciones: una, el intento de lograr una economía eficiente y al mismo tiempo conservar el modelo que condujo al país a la crisis; dos, cambiar algunos aspectos de la economía, ignorando el carácter sistémico de los fenómenos sociales. Esas dos contradicciones, en un contexto nacional, regional e internacional desfavorable, con una enorme deuda externa y la posibilidad de perder al menos una parte de los cuantiosos subsidios de Venezuela, la posibilidad de retroceder es nula.

En ese sentido, según un artículo de Yaima Puig Meneses, aparecido en el diario Granma del pasado jueves 21 de febrero, la especialista del Grupo de Políticas Macroeconómicas de la Comisión Permanente para la Implementación y el Desarrollo, Marta García Pino, expresó que no se trata de una medida casual ni aislada, sino que el fortalecimiento del trabajo por cuenta propia de conjunto con la creación de otras formas de gestión no estatal como parte del reordenamiento de la economía que vive el país, hizo necesario modificar los límites establecidos para el pago a personas naturales por parte de las personas jurídicas.

Los pocos resultados obtenidos con las medidas que se han implementado están obligando a reformar las reformas en la propia marcha y complementándolas con nuevas disposiciones, como es el caso de las recientes resoluciones acerca del pago en CUC de personas jurídicas a personas naturales y como seguramente serán otras disposiciones que serán promulgadas. En consecuencia, para avanzar se está imponiendo la necesidad de reintroducir relaciones económicas y formas de propiedad que fueron eliminadas y permanecieron  prohibidas durante décadas.

El resultado de ese proceso es que se están produciendo cambios. No importa si son o no resultados de una  voluntad política, lo importante es que cada paso genera nuevas contradicciones, nuevos escenarios y nuevas posibilidades. Por esa razones el periodismo de opinión está en el deber de señalar la lentitud, limitaciones e incoherencias de los cambios con señalamientos críticos y sugerencias, y a la vez estimular todo lo que marche en la dirección de las transformaciones, hasta que se introduzcan aspectos vitales que permanecen fuera de la agenda gubernamental. Me refiero a las libertades y los derechos ciudadanos, sin los cuales las actuales medidas tampoco arrojarán los resultados que con urgencia Cuba necesita.

La ANAP, hoy como ayer

Publicado en el Diario de Cuba (http://www.diariodecuba.com/cuba/15257-la-anap-hoy-como-ayer)

foto-de-jesuhadin-perez2Un reporte publicado el viernes 25 de enero de 2013 en el diario Granma, informa que la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) sustituyó o liberó de sus funciones a 632 presidentes de cooperativas agrícolas. El presidente de esa institución, Félix González Viego, declaró en el VIII Pleno del Comité Nacional, que una cooperativa no puede funcionar bien si no lo hacen quienes la dirigen. La noticia es una prueba de que lo que se ha designado en Cuba con el término de cooperativa, son realmente empresas creadas, controladas y dirigidas por el Estado.

Al planteamiento de Gonzáles hay que añadir, que mucho menos puede una cooperativa puede funcionar bien si se ignoran sus principios básicos, definidos así por la ACI1: la cooperativa es una decisión autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta con una estructura democrática, donde cada asociado tiene derecho a un voto y las decisiones se toman por mayoría, cuentan con una dirección electiva y un reparto equitativo, distributivo y proporcional de los excedentes.

La ausencia de esos principios en el cooperativismo agrícola está relacionada con el desmontaje, después de 1959, del asociacionismo campesino que nació en Cuba a fines del siglo XIX. Entre otras muchas, en 1890, la Asociación de Colonos en las zonas de Manzanillo y Bayamo; en 1913, la Asociación de Agricultores de la Isla de Cuba; en 1937, la celebración del Primer Congreso Nacional Campesino, así como de comités, federaciones y uniones campesinas en todo el país; y en 1941, la celebración del Segundo Congreso Nacional Campesino y la creación de la Asociación Nacional Campesina (ANC) para luchar contra el desalojo, por la propiedad de la tierra, mejores mercados, precios, créditos y rebajas de las rentas, un movimiento en el que perdieron la vida muchos luchadores, entre los que está Niceto Pérez, asesinado el 17 de mayo de 1946.

En 1960 el líder de la revolución cubana planteó: Es Necesario que los pequeños agricultores, en vez de ser cañeros, tabacaleros, etc., sean sencillamente agricultores y organicemos una gran Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Con ese propósito algunas organizaciones existentes fueron disueltas o se fundieron en la Asociación Nacional Campesina, la cual en mayo de 1961 se convirtió en la ANAP.
Con el propósito de disminuir el número de campesinos independientes se definió una política dirigida a “cooperativizar” los 200 mil campesinos propietarios existentes (100 mil que existían antes de 1959 y otros 100 mil que recibieron títulos de propiedad con la Primera Ley de Reforma Agraria en 1959). En las bases de la Asociación Nacional Campesina comenzaron a crearse primero las Brigadas de Ayuda Mutua y a partir de 1960, las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) integradas por campesinos que mantuvieron la propiedad de la tierra y los medios de producción, pero sin personalidad jurídica.

En el mismo año de 1960, por decisión del gobierno se crearon las Cooperativas Cañeras en las áreas que habían pertenecido a los ingenios azucareros, pero poco tiempo después fueron transformadas en propiedad del Estado, por lo que el cooperativismo quedó reducido a unas pocas asociaciones integradas por campesinos privados. El propio Fidel Castro reconoció que: aquellas cooperativas no tenían realmente una base histórica, puesto que las cooperativas se forman realmente con los campesinos propietarios de tierra, por lo que se decidió convertirlas en empresas estatales.

A partir de las tesis del I Congreso del PCC en 1975, se impulsó el desarrollo de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), formadas por campesinos que unieron sus fincas y demás medios de producción “voluntariamente; proceso en el cual la ANAP se ocupó de convencer a los campesinos para debilitar la resistencia a desprenderse de su tierra e ingresar a las cooperativas. Dieciocho años después, en 1993, ante la ineficiencia de las granjas estatales, en un intento de hacerlas producir se crearon la Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC), a las cuales se les entregaron las tierras estatales ociosas en usufructo.

Como puede verse ni las cooperativas cañeras ni las creadas posteriormente nacieron de la unión voluntaria de los asociados, sino de decisiones externas. Su actividad productiva y económica quedó subordinada a los planes del Estado para resolver la demanda de consumo interno de la población, mientras la comercialización de sus productos quedó a cargo de la Empresa Estatal de Acopio. Por tanto, el cooperativismo agrario en Cuba surgió ajeno a la voluntad y necesidad del campesinado y contrario a lo definido por el congreso de la ACI en 1995.

Debido al fracaso de las cooperativas sin autonomía, en agosto de 2012 se dictó un paquete de medidas y un nuevo reglamento general para las UBPC con el objetivo de “liquidar” la dependencia de estas asociaciones respecto a las empresas estatales. En ese documento se dispone que los administradores no serán cuadros designados por el Estado, sino elegidos por los socios en Asamblea General.

A pesar de esa disposición y que el propio Presidente del Consejo de Estado reiteró el 13 de diciembre de 2012 –en la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular– la necedidad de romper la colosal barrera sicológica que resulta de una mentalidad arraigada en hábitos y conceptos del pasado, la ANAP, anclada en el tiempo, sustituye a cientos de  presidentes de cooperativas agrícolas y llama, como si estuvieramos en 1961 a concretar sus tres misiones estratégicas en el escenario actual: trabajar desde el funcionamiento interno para la producción de alimentos hacia todos los destinos; defender los principios de la Revolución, situándose con justicia favor de la razón; y la preparación político-ideológica de los campesinos y su alianza con la clase obrera.

Lo anterior constituye una prueba de que, junto a la introducción de nuevas medidas se impone la implementación del derecho de los campesinos a asociarse libremente, lo que es imposible hacerlo mediante una institución que además de haber sido creada desde, por y para los fines del Estado, continúa actuando hoy como ayer.

1 Alianza Cooperativa Internacional elaboró los principios de las cooperativas durante su fundación en 1895 y los enriqueció con la Declaración de Identidad Cooperativa, adoptada en 1995 en su II Asamblea General.

El Decreto-Ley 300 tampoco hará producir la tierra

Publicado en http://www.diariodecuba.com/cuba/14406-el-decreto-ley-300-tampoco-hara-producir-la-tierra

Hace apenas unos días –9 de diciembre de 2012– entró en vigor el Decreto-Ley 300, mediante el cual se autoriza la entrega de tierras estatales ociosas en concepto de usufructo. La nueva  medida deroga al Decreto-Ley 259 de julio de 2008, cuyos irrisorios resultados condujo a su derogación por el Consejo de Estado.

A juzgar por los criterios oficiales aparecidos en la prensa, ahora sí se hará producir la tierra. Entre otros, el director jurídico del Ministerio de la Agricultura aseguró que el nuevo Decreto-Ley consolidará el proceso de entrega de tierras ociosas y garantizará la continuidad y sostenibilidad en su explotación; mientras el director del Centro Nacional de Control de la Tierra, del mismo organismo, consideró que su aplicación posibilitará incrementar la producción de alimentos. Esas valoraciones triunfalistas no tienen en cuenta la relación existente del reciente Decreto-Ley con los antecedentes del problema agrario en el país, especialmente con lo relativo a la tenencia de la tierra y su eficiente explotación.

La propiedad agraria en Cuba sufrió un giro considerable en detrimento de los pequeños y medianos productores con las decenas de miles de desalojos ocurridos en el período comprendido entre la terminación de la Guerra de Independencia de 1895 y la gran expansión azucarera de 1918 a 1924. El resultado de ese proceso lo reflejó el censo de 1946, en el cual de 142 385 campesinos que había en el país con 5 o menos caballerías –que representaba el 24% de la tierra cultivable–, sólo 48 000 eran propietarios; mientras el restante 76% de la tierra estaba concentrado en manos de grandes propietarios nacionales y empresas extranjeras. Con esa distribución los grandes propietarios no estaban interesados en la explotación intensiva, mientras los casi cien mil arrendatarios, subarrendatarios, apareceros y precaristas, no estaban dispuestos a hacer producir eficientemente una tierra que no era de su propiedad.

Con la Revolución de 1959 el Estado socialista, monopolizó la propiedad agraria e implantó la planificación centralizada. Esos dos factores, propiedad y planificación, explican que medio siglo después, a pesar de las diversas medidas aplicadas, más de 1/3 de la tierra concentrada en los latifundios estatales permaneció y/o devino ociosa. Después de múltiples fracasos en el intento de hacer producir las tierras del Estado, en el año de 2008 se promulgó el Decreto-Ley 259, mediante el cual se entregaron 1 523 00 hectáreas de esas tierras (una parte considerable de las cuales permanece sin producir). Sin embargo, esa noema jurídica ignoró las principales causas de la ineficiencia productiva y en consecuencia fracaso en el objetivo de elevar la producción agrícola. A pesar de esa experiencia, los Lineamientos de la Política Económica y Social, aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista en el año 2011, retomaron la planificación en detrimento del mercado y negaron la entrega de las tierras en propiedad. Es decir, se insiste en la aplicación de un modelo económico, político y social, que no ha funcionado en ninguna parte.

Hay que decir que, aunque el Decreto-Ley 259 carecía de los elementos básicos para producir el vuelco que requería la agricultura, su importancia consistió en el reconocimiento de que algo tenía que cambiar. Sin embargo, ese algo, al soslayar la tenencia de la propiedad en manos de los campesinos y supeditar la economía a la ideología, no podía cumplir el propósito declarado.

El reciente Decreto-Ley 300 constituye un paso de avance en algunos aspectos: 1- antes se podía extender el área entregada desde 1 hasta 3 caballerías de tierra y ahora es extensible hasta 5 caballerías, pero sólo para aquellos que ya poseen tierras y estén vinculados a una Granja Estatal con personalidad jurídica, Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) o Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA); 2- la construcción de viviendas, almacenes y otras instalaciones, antes prohibidas, ahora está permitida; 3- brinda determinadas facilidades para la contratación de fuerza de trabajo por medio de la ayuda familiar, trabajadores agropecuarios eventuales y trabajadores de manera permanente. Sin embargo, el acceso a insumos y servicios depende de que los usufructuarios estén vinculados a las entidades agrícolas con personalidad jurídica; contiene una desventaja manifiesta para las personas naturales en cuanto al término de duración del contrato y a recibir en usufructo planes estatales de la ganadería genética y comercial improductivos. Tales limitaciones se encaminan hacia una insalvable contradicción: hacer producir la tierra y a la vez evitar la formación de un empresariado nacional.

A su vez el Decreto-Ley 300 no oculta la decisión de mantener el control monopólico del Estado sobre la propiedad. En su artículo 11 plantea que los usufructuarios pueden integrarse como trabajadores a una granja estatal con personalidad jurídica, o como cooperativista a una UBPC o a una CPA. En esos casos, “el usufructuario le cede el derecho de usufructo sobre las tierras y las bienhechurías a la entidad a la cual se integra, la que evalúa la conveniencia o no de que aquel continúe trabajando esas tierras”.

Lo más significativo es que el usufructo, entendido como derecho a disfrutar de un bien ajeno, no va a la raíz del problema. El mismo encierra una gran contradicción: las tierras en manos del Estado devienen ociosas, pero el que las hace producir está impedido de acceder a su propiedad.

La subordinación de las leyes económicas a la ideología del poder, explica tanto los fracasos precedentes como el intento de reparar las decisiones anteriores con las recientes medidas. Se trata de cambios de forma que conservan los factores esenciales que han condicionado el atraso en la agricultura.

Su aspecto positivo radica en que, a pesar de las intenciones gubernamentales, en un lento y tortuoso proceso contra viento y marea muchos trabajadores del campo se van entrenando como futuros agentes de un empresariado nacional. En fin que las nuevas medidas al carecer de la profundidad necesaria repiten con alguna que otra modificación, los fracasos precedentes. Esas realidades permiten asegurar que el Decreto-Ley 300 tampoco hará producir la tierra y que mientras eso no cambie, Cuba tendrá que seguir adquiriendo a altísimos precios en el mercado internacional productos perfectamente producibles en el país.

Por qué fracasaron las UBPC

Publicado el miércoles 21 de noviembre de 2012:  http://www.diariodecuba.com/cuba/14133-por-que-fracasaron-las-cooperativas-castristas

El pasado mes de agosto, el Consejo de Ministros de Cuba aprobó un nuevo Reglamento General para las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), el cual fue complementado con un paquete integrado por 17 medidas. El propósito, según el diario Juventud Rebelde de 23 de septiembre, consiste en liquidar la dependencia de esas respecto a  las empresas estatales.

El Reglamento original emitido en 1993, aunque no reconocía personalidad jurídica a las UBPC, es decir, capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, estipulaba en sus puntos fundacionales la correlación entre producción e ingresos y el desarrollo efectivo de la autonomía de la gestión. El incumplimiento de esos y otros aspectos positivos se reflejó en los pésimos resultados. De las 170 mil hectáreas que poseen las 1 989 UBPC existentes, casi el 40% de sus tierras permanecen ociosas; aunque su extensión representa el 27% de la superficie agrícola del país, producen sólo el 12% de los granos, viandas y hortalizas y el 17% de la leche; sólo el 27% tienen resultados satisfactorios, las demás, en mayor o menor medida, presentan dificultades; en el año 2010 el 15% de las UBPC cerraron con perdidas y otro 6% ni siquiera presentó balance económico; y sus perdidas superan los 200 millones de pesos.

Las UBPC fueron creadas cuando estaba demostrado que la concentración de las tierras cultivables del país en manos del Estado había generado el desinterés de los trabajadores agrícolas, el desabastecimiento generalizado de productos agropecuarios y enormes extensiones de tierras ociosas infectadas de marabú. Un  deplorable cuadro agravado por la pérdida de los subsidios provenientes de los países socialistas de Europa Oriental. En ese contexto las autoridades del país decidieron convertir una parte de las tierras estatales improductivas en cooperativas, pero sin darles las libertades requeridas ni renunciar al monopolio de la propiedad. La ignorancia de la esencia del cooperativismo y la subordinación de las leyes económicas a una ideología explican tanto la causa del fracaso como el intento de reparar aquella decisión con las recientes medidas.

La Declaración de Identidad Cooperativa, adoptada en 1995 en la II Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), define a la cooperativa como una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. De acuerdo a esta definición –de un organismo como la ACI, que desde 1895 aglutina y promueve el cooperativismo en el mundo– las UBPC no clasifican como verdaderas cooperativas ya que no fueron creadas voluntariamente por los propietarios de tierras y medios de producción, sino que surgieron de un acuerdo del Partido Comunista.

A pesar de que con el nuevo Reglamento General (Resolución 574 de 13 de agosto de 2012) las UBPC contarán con personalidad jurídica; potestad para elegir a los administradores por mayoría en la Asamblea General de Socios; comprar productos y servicios a cualquier persona natural o jurídica; establecer relaciones contractuales directas con las empresas suministradoras de insumos; y decidir el porcentaje de las utilidades a distribuir entre los socios; otros aspectos vitales continúan ausentes. De nuevo es el Estado y no los trabajadores agrícolas quien toma la decisión de unirse en cooperativas. Si a ello se agrega que esos trabajadores no son propietarios sino usufructuarios de una propiedad estatal, no resulta difícil avizorar que estamos ante el inicio de un nuevo fracaso y por tanto de la necesidad de implementar nuevas reformas, bien por el gobierno actual o bien por el que le suceda, hasta que los integrantes de las UBPC se conviertan en dueños colectivos de la tierra que trabajan.

La casi inexistencia de cooperativas agrícolas antes de1959 resulta comprensible por los avances que desde fines del siglo XIX tuvo la industria azucarera que generó enormes latifundios mediante el despojo de miles de pequeños propietarios. Lo que resulta absurdo es que con una revolución que se declaró socialista el cooperativismo, afín a ese sistema social, haya estado ausente y en su lugar se hayan experimentado formas voluntaristas y subjetivas aplicadas verticalmente por el Estado revolucionario. Antes de 1959 había en Cuba unos cien mil propietarios de tierra, a los que se unieron otros cien mil que la Revolución les entregó títulos de propiedad con la Primera Ley de Reforma Agraria de 1959. Esos doscientos mil campesinos constituían la base para el desarrollo de un verdadero cooperativismo. Sin embargo, la concentración por parte del Estado del 70% de la tierra cultivable resultó un tiro de gracia a un proceso de asociación que hubiera aportado mucho a la economía y a la sociedad cubanas.

La primera manifestación del voluntarismo estatal en la cooperativización agrícolas fue la creación en marzo de 1960 de las cooperativas cañeras en áreas que antes pertenecían a los ingenios azucareros. Sin embargo, la decisión de monopolizar la propiedad de la tierra hizo que  dichas emprsas fueran transformadas en propiedad del Estado. Entonces el verdadero cooperativismo quedó limitado a unas pocas asociaciones formadas sobre la base de campesinos privados. El propio Fidel Castro expresó en una oportunidad: “aquellas cooperativas no tenían realmente una base histórica, puesto que las cooperativas se forman realmente con los campesinos propietarios de tierra. A mi juicio íbamos a crear una cooperativa artificial, convirtiendo a los obreros agrícolas en cooperativistas. Desde mi punto de vista, y quizás aplicando aquello de unos versos de Martí, esclavo de la edad y las doctrinas fui partidario de convertir aquellas cooperativas que eran de obreros y no de campesinos, en empresas estatales”.

No satisfechos con la mayor parte del suelo en manos del Estado, en vez de impulsar el cooperativismo voluntario, comenzó un proceso dirigido a disminuir la cantidad de campesinos independientes. En mayo de 1961 se creó la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y se inició una política dirigida a tratar de “cooperativizar” a los 200 mil campesinos propietarios. Se crearon las asociaciones campesinas, luego vinieron las Brigadas de Ayuda Mutua y a continuación las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), integradas por campesinos que mantenían  la propiedad de la tierra y de los medios de producción, pero carentes de personalidad jurídica. A partir del año 1975, con las tesis del I Congreso del PCC acerca de la necesidad de la cooperativización de la tierra, se impulsó el desarrollo de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), formadas por campesinos que unieron sus fincas y demás medios de producción “voluntariamente” como vía para el desarrollo socialista del campo. A fines de 1977 el número de CPA era de 136 y en junio de 1986 ya era de 1 369, que representaban el 64% de las tierras campesinas, a la vez que la propiedad estatal se elevó hasta el 75% de la tierra cultivable debido a la disminución del volumen de tierra en manos de los campesinos privados.

Los resultados no se han hecho esperar, Cuba tiene que comprar productos del agro  en el exterior que son perfectamente cultivables en nuestros suelos, como es el caso del café que hemos tenido que adquirir en Vietnam, país al cual los cubanos enseñaron ha cosechar el grano. Por ello insistir en reformas de las cooperativas sin permitir que sean los campesinos los que se organicen voluntariamente y sin contar con la propiedad colectiva de la tierra que traban, es insistir en los fracasos.

Acerca del sufragio femenino en Cuba

Publicado el 13de noviembre en http://www.diariodecuba.com/cuba/13942-acerca-del-sufragio-femenino-en-cuba
En el programa televisivo “Mesa Redonda” del jueves 18 de octubre, la licenciada en Historia y Ciencias Sociales Teresa Amarelle Boué, Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, expresó, más o menos, que gracias a la revolución de 1959 la mujer cubana pudo hacer uso del derecho al voto. Desde ese día he sido interrogado en varias oportunidades acerca de tal afirmación, lo que motivó la decisión de redactar las siguientes notas.

Desde el siglo XIX, varias intelectuales cubanas marcaron pautas acerca de los derechos femeninos. La Condesa de Merlín reflejó en su obra literaria los sentimientos femeninos, su raíz nacional y sus perspectivas. Gertrudis Gómez de Avellaneda, editó Álbum cubano de lo bueno y de lo bello, una revista femenina en la que desafió el dominio masculino e instó a otras mujeres a que hicieran lo mismo. Marta Abreu, encarnación sublime de la caridad y del patriotismo, cuando José Martí puso en pie de guerra al pueblo cubano, extendió la caridad a los sufridos por la patria. Sobre ella Máximo Gómez expresó: “Si se sometiera a una deliberación en el Ejército Libertador el grado que a dama tan generosa habrá de corresponder, yo me atrevo a afirmar que no hubiese sido difícil se le consignara el mismo grado que yo ostento”.

Durante las guerras de independencia, Ana Betancourt de Mora defendió la emancipación femenina en la Asamblea Constituyente de Guáimaro. María Hidalgo Santana se incorporó en 1895 al ejército insurreccional y en la batalla de Jicarita, al morir el abanderado ocupó la enseña y la enarboló, recibió siete heridas de bala y fue ascendida a capitán. Edelmira Guerra de Dauval, fundadora y presidenta del club Esperanza del Valle, ayudó a formular el manifiesto revolucionario del 19 de marzo de 1897, cuyo artículo 4 rezaba: “Queremos que las mujeres puedan ejercer sus derechos naturales a través del voto a la mujer soltera o viuda mayor de veinticinco años, divorciada por causa justa”. En 1897 María Luisa Dolz, profesora del colegio para alumnas Isabel la Católica, asoció la reforma educativa al nacionalismo y al feminismo, por lo que se le considera la primera feminista moderna de Cuba.

Al inicio de la República un grupo de mujeres fundaron asociaciones y órganos de prensa para defender los intereses de la mujer. Entre ellos, la Revista de la Asociación Femenina de Camagüey, primera revista feminista de la Isla; Aspiraciones, revista cívica y patriota; el Comité de Sufragio Femenino; el Club Femenino de Cuba; la Alianza Nacional Feminista; el Lyceum, organización eminentemente cultural que consideraba imposible el cambio sin contacto con la educación y la cultura; y la Unión Laborista de Mujeres, una asociación radical que puso la cuestión obrera por encima del derecho femenino al sufragio. En 1912, después del crimen contra los miembros del Partido Independiente de Color, un grupo de mujeres negras iniciaron una campaña dirigida a la aprobación de una ley de amnistía para los encarcelados, y en sus reuniones y mítines se pronunciaban a favor de derechos femeninos como el voto y el divorcio. En 1923, cuando se creó la Asociación de Veteranos y Patriotas, entre sus firmantes estaban diez de las dirigentes del Club Femenino de Cuba.

Entre las mujeres destacadas durante la República vale mencionar a Mari Blanca Sabas Alomá, Ofelia Rodríguez Acosta, Ofelia Domínguez Navarro y María Collado, quienes desempeñaron un importante papel en la lucha por los derechos de las féminas. Estas y otras dirigentes feministas celebraron congresos, hicieron peticiones a los políticos, establecieron coaliciones con diversos grupos, se manifestaron en las calles, se dirigieron al público a través de los periódicos y la radio, construyeron clínicas de obstetricia, organizaron para mujeres escuelas nocturnas, programas de salud y establecieron contactos con grupos feministas de otros países.

Aunque la Constitución de 1901 reconocía la igualdad de todos los cubanos ante la Ley, el Código Civil Español, aún vigente, establecía la inferioridad de la mujer, que impedía su avance y cerraba el paso al sufragio femenino. Sin embargo, gracias a la lucha cívica en 1914 se iniciaron los debates acerca del divorcio, el 18 de julio de 1917 se concedió a la mujer la patria potestad sobre sus hijos y la libre administración de sus bienes, y en julio de 1918 se aprobó la Ley del Divorcio.

En 1919 las cubanas ya habían alcanzado el mismo nivel de alfabetización que los hombres y en los años 20, proporcionalmente, se graduaban tantas mujeres en Cuba como en las universidades norteamericanas. Hechos que debilitaron a los enemigos del voto femenino. En ese contexto tomó fuerza la batalla por el derecho al sufragio.

En 1923 se celebró el Primer Congreso Nacional de Mujeres, al que asistieron 31 asociaciones, y en 1925 tuvo lugar el Segundo Congreso  Nacional de Mujeres, con 71 asociaciones. Al decir de Pilar Morlón, fue éste “¡Un Congreso de Mujeres, ideado por ellas, organizado por ellas, realizado por ellas, sin ayuda oficial de ninguna clase!”, a lo que yo añadiría y sin ningún hombre presidiendo el evento. Este Congreso tuvo tal impacto, que el presidente Gerardo Machado prometió que concedería el derecho al voto, para lo cual, al designar una Asamblea Constituyente con el objetivo de legalizar su reelección, incluyó en su propuesta el voto femenino. Sin embargo, debido al incumplimiento de su promesa, después de 1931 los grupos feministas se aliaron con los grupos políticos existentes y al estallar la rebelión, el voto de la mujer se convirtió en símbolo de la infidelidad de Machado a la democracia.

El 12 de agosto de 1933, cuando Machado fue derrocado y Carlos M. de Céspedes (hijo) asumió la presidencia, la Alianza Nacional Feminista apeló al mandatario para exigir el derecho al voto. Posteriormente, durante el gobierno de Ramón Grau San Martín, se promulgó el Decreto No. 13 de 2 de enero de 1934, mediante el cual se convocó una Convención Constituyente en la que se reconoció el derecho de la mujer a votar y ser elegida. Para ese evento fueron electas siete mujeres por las provincias de La Habana, Las Villas, Camagüey y Oriente.

En febrero de 1934, durante la presidencia del coronel Carlos Mendieta, se aprobó una Constitución provisional, que en su artículo 38 extendió formalmente el voto a la mujer. Y en febrero de 1939, previo a la Asamblea Constituyente que redactó la Carta magna de 1940, las féminas convocaron al Tercer Congreso Nacional de Mujeres, donde se aprobaron varias resoluciones, una de ellas, la exigencia de “una garantía constitucional para la igualdad de derechos de la mujer”. En ese reclamo, discutido en la Asamblea Constituyente, tomaron parte las feministas Alicia Hernández de la Barca, de Santa Clara, y Esperanza Sánchez Mastrapa, de Oriente.

La lucha iniciada en los años 20 del pasado siglo quedó refrendada en el artículo 97 de la Constitución de 1940: “Se establece para todos los ciudadanos cubanos, como derecho, deber y función, el sufragio universal, igualitario y secreto”. Gracias a ese resultado la mujer cubana ejerció legalmente el derecho al voto en las elecciones de 1940, 1944, 1948, 1954 y 1958, antes de la toma del poder por los revolucionarios en 1959.

Un balance de la gestión del gobierno cubano en los últimos 6 años

Publicado el 28 de octubre en (http://convivenciacuba.es/content/view/842/58/)
Cuatro décadas después de la toma del poder revolucionario en 1959, los factores que hicieron posible el totalitarismo en Cuba llegaron a su límite. Las medidas de carácter popular dictadas en los primeros años de poder revolucionario fueron acompañadas por el desmontaje de la sociedad civil y con un proceso de estatización que comenzó por las empresas extranjeras y no se detuvo hasta que eliminó los últimos 56 mil pequeños establecimientos de producción y servicios que habían logrado sobrevivir hasta 1968.
El intento de subordinar los intereses individuales y de grupo al Estado condujo al fracaso. La coincidencia entre el agotamiento del modelo, el estancamiento de la Nación, el descontento ciudadano y el aislamiento externo, conformaron un escenario de cambios en ausencia de fuerzas alternativas en condiciones de influir en los mismos. El resultado ha sido, de un lado, la desesperanza, la apatía, la corrupción generalizada, el éxodo masivo, y de otro, el surgimiento de nuevos sujetos sociales y políticos.
En ese contexto se produjo el traspaso provisional de poder del Jefe de la Revolución. Sin embargo, el hecho de que la transferencia se efectuara entre las mismas fuerzas que condujeron al país a la crisis, determinó que el orden, la profundidad y la velocidad de los cambios fueran determinados por el propio poder, lo que explica el intento de cambiar la forma para conservar el contenido, una contradicción insalvable que de antemano condenó al fracaso el intento gubernamental. Ese proceso, aún en curso, ha pasado por tres momentos encabezados por el General de Ejército Raúl Castro.
El primer momento
El 31 de julio de 2006, como resultado de su enfermedad, el Primer Secretario del PCC, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y Comandante en Jefe, Fidel Castro, fragmentó sus múltiples cargos y los depositó provisionalmente en siete dirigentes del Partido y del Estado. Raúl Castro, designado Primer Secretario del PCC, Comandante en Jefe y Presidente del Consejo de Estado. José Ramón Balaguer Cabrera, al frente del Programa Nacional e Internacional de Salud. José Ramón Machado Ventura y Esteban Lazo Hernández, al frente del Programa Nacional e Internacional de Educación y Carlos Lage Dávila, impulsor principal del Programa Nacional de la Revolución Energética. Los fondos correspondientes a los programas de Salud, Educación y Energía serían gestionados mancomunadamente por Carlos Lage, Francisco Soberón (Ministro Presidente del Banco Central de Cuba), y Felipe Pérez Roque. Con esas designaciones comenzó el primer momento del gobierno de Raúl.
En discursos, entrevistas y declaraciones, el nuevo mandatario manifestó la necesidad de introducir cambios, incluyendo la disposición a normalizar las relaciones con Estados Unidos, idea esta que expresó en la entrevista publicada en el diario Granma el 18 de agosto de 2006 y reiteró el 2 de diciembre de ese año en la Plaza de la Revolución. A su vez, sin culpar a su antecesor, Raúl comenzó a desmontar los métodos y planes anteriores: desaparecieron las marchas combatientes, las tribunas sabatinas y otras movilizaciones políticas que formaban parte de la Batalla de Ideas, a la vez que realizó fuertes críticas a la ineficiente producción agropecuaria.
En esa dirección, el 11 de julio de 2007, en la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), planteó, entre otras cosas que “Cada una de las provincias debe tener sus constructores, debe tener sus propios maestros, y debe tener sus propios policías…”. Criticó las plantillas laborales Infladas (método artificial mediante el cual se “redujo” el desempleo a cifras casi nulas y demostrar al mundo la superioridad del sistema cubano). Llamó a los maestros y profesores jubilados a regresar a su profesión. Anunció la eliminación de gratuidades indebidas y el exceso de subsidios. Planteó revertir la tendencia al decrecimiento del área de tierra cultivada (en los nueve años que van de 1998 a 2007 el área había decrecido en un 33%). Luego, el 26 de julio de 2007, en Camagüey, planteó la necesidad de introducir cambios estructurales y de conceptos, enfatizó la importancia vital de producir en Cuba lo que se compra en el exterior y reconoció la existencia de enormes extensiones de tierra infectadas de marabú.
Seguidamente se inició la venta de computadoras, DVD, equipos electrónicos, acceso a la telefonía móvil, alojamiento de los nacionales en hoteles reservados para turistas y alquiler de automóviles en divisas. Se generalizó la entrega de licencias a vendedores de alimentos; comenzaron a cerrarse los comedores obreros; se entregaron en arriendo a los trabajadores, autos de piqueras, barberías de hasta tres sillones, pequeños salones de belleza; se flexibilizaron las regulaciones para la construcción y reparación de viviendas y se permitió la venta de frutas y verduras en las carreteras.
Lo más destacado fue el Decreto-Ley 259 para la entrega de tierras ociosas en usufructo; una medida importante pero insuficiente y contradictoria, pues luego de reconocer la incapacidad del Estado para producir y considerar la producción de alimentos como problema de máxima seguridad nacional, el Decreto-Ley mantuvo al Estado ineficiente como propietario, mientras los productores eficientes quedaron reducidos a usufructuarios.
El segundo momento
El 19 de febrero de 2008, resultado del empeoramiento de la salud de Fidel, se publicó el “Mensaje del Comandante en Jefe” mediante el cual renunciaba definitivamente a sus múltiples cargos. Cinco días más tarde, el 24 de febrero, Raúl Castro en la ANPP, fue elegido Presidente del Consejo de Estado, dando inicio al segundo momento de su gobierno, el cual abrió una etapa de conjeturas, deseos, aspiraciones y esperanzas.
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A partir de ese momento, quedó sin lugar la fragmentación del poder dictada en julio de 2006 por Fidel Castro. Lage y Pérez Roque terminaron separados del PCC y los demás cesaron en sus funciones o asumieron otras en el nuevo gobierno. De ellos emergió José Ramón Machado Ventura como Segundo Secretario del PCC y Vicepresidente del Consejo de Estado y Esteban Lazo conservó su condición de miembro del Buró Político.
En este segundo momento comenzó la introducción de un conjunto de medidas que se puede calificar como un plan mínimo de reformas, limitado a algunos aspectos de la economía, cuyo contenido se resume en: 1- Lograr una agricultura fuerte y eficiente para garantizar la alimentación de la población y sustituir importaciones. 2- Hacer que las personas sientan la necesidad de trabajar para vivir. 3- Rechazar firmemente las ilegalidades y otras manifestaciones de corrupción. 4- Desinflar las plantillas laborales, cuyas plazas innecesarias sobrepasaban el millón de trabajadores y 5- Impulsar el trabajo por cuenta propia.
En la segunda mitad del año 2011 se promulgaron varios decretos y resoluciones autorizando la transmisión de propiedad de vehículos entre particulares; la compra-venta, permuta, donación y adjudicación de viviendas; la flexibilización en el arrendamiento de viviendas; la comercialización de las producciones agrícolas en el sector turístico; se amplió la política crediticia a los trabajadores por cuenta propia y a los pequeños agricultores y se flexibilizaron las restricciones a los cubanos del interior del país para emigrar a La Habana.
Entre otros factores, ese programa mínimo estuvo limitado por una especie de dualidad de poderes, manifestada en el compromiso del nuevo mandatario de consultar las decisiones más importantes a Fidel y en las críticas indirectas de este último, contenidas en sus reflexiones e intervenciones públicas. El punto más crítico de esa dualidad se produjo a mediados del año 2011, cuando el líder de la revolución realizó varias reapariciones en público: el 11 de julio en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas; el 13 de julio en el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, donde ordenó realizar una investigación urgente acerca de cómo sería la postguerra; el 15 de julio en el Acuario Nacional; el 16 de julio en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se reunió con los embajadores cubanos en el exterior; y el 25 de julio, víspera del aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, vestido de verde olivo en Artemisa. El mismo día 26 celebró la conmemoración del Asalto con artistas, intelectuales, Pastores por la Paz y otros invitados.
Finalmente, el sábado 7 de agosto en una sesión extraordinaria de la ANPP, Fidel intervino para expresar una vez más sus preocupaciones por la inminente guerra nuclear y las relaciones con Estados Unidos. En su intervención aseguró que el mundo se salvará si tiene en cuenta los razonamientos lógicos que él estaba exponiendo. En ese sentido, refiriéndose al presidente Obama, dijo que este: Tal vez no daría la orden si lo persuadimos.
En medio de esas actividades, el 1 de agosto, en la sesión ordinaria de la ANPP, Raúl Castro anunció la generalización del trabajo por cuenta propia, incluyendo la contratación de mano de obra, algo inédito en Cuba; y el 13 de agosto, se anunció la próxima liberación de otros seis prisioneros políticos. Dos acontecimientos que develaban contradicciones que podrían derivar en desgobierno.
La importancia de este segundo momento del gobierno de Raúl consiste, en que las medidas introducidas en un contexto nacional e internacional desfavorable, sin economía y sin otro país que lo sostenga de forma indefinida, era imposible el retroceso al inmovilismo anterior. Por tanto, la única salida, con o sin voluntad política, es seguir adelante.
El tercer momento
El VI Congreso y la Primera Conferencia Nacional del PCC, celebrados en abril de 2011 y enero de 2012 respectivamente, se presentaban como definitorios para los cambios.
En el informe al VI Congreso, Raúl planteó que el trabajo por cuenta propia estaba llamado a convertirse en un factor facilitador para la construcción del socialismo en Cuba, ya que permitirá al Estado concentrarse en la elevación de la eficiencia de los medios fundamentales de producción y desprenderse de la administración de actividades no estratégicas para el país. Y en la clausura explicó que la actualización del modelo económico se desplegará gradualmente en el transcurso del quinquenio; reconoció que a pesar del Decreto-Ley 259 persisten miles y miles de hectáreas ociosas; llamó a modificar en la vida del Partido la mentalidad, atada durante largos años a los mismos dogmas y criterios obsoletos y declaró que su misión principal y el sentido de su vida era defender, preservar y proseguir perfeccionando el Socialismo.
Los contenidos del programa mínimo, asumidos como acuerdos del cónclave partidista, quedaron desglosados en los Lineamientos de la Política Económica y Social, pero acotados por el sistema de planificación socialista y la empresa estatal como vía principal para la dirección de la economía.
Unos días después que el VI Congreso había acordado cambiar los métodos y separar las funciones políticas de las administrativas, en las 15 conferencias provinciales del PCC celebradas entre mayo y julio de 2011, Machado Ventura reiteró ideas como las siguientes: “El Partido no administra, eso es bueno, pero no puede perder el control sobre sus militantes, independientemente del cargo que ocupen”; “Tenemos que conocer de antemano qué va a sembrar y cosechar cada productor”; “Hay que exigirle a los que no hacen producir la tierra”. Planteamientos dirigidos a mantener la economía subordinada al Partido y por tanto frenando el interés de los productores.
En ese contexto, en los 30 días que separan el jueves 10 de mayo del sábado 9 de junio de 2012, Fidel Castro publicó cuatro reflexiones y después, entre el 11 y el 18 de junio, aparecieron ocho pequeños textos –de unas 43 palabras de promedio– sobre Erich Honecker, Teófilo Stevenson, Alberto Juantorena, Deng Xiaoping, versos de Nicolás Guillén sobre Che Guevara, la moringa, los yogas y sobre la expansión del universo. Mensajes nebulosos, sin relación entre ellos y ajenos a nuestra realidad. Desde esa fecha, la desaparición de sus textos parece marcar el fin de la dualidad de poderes, por lo que ahora y no antes se puede hablar del gobierno de Raúl.
En el mes de julio de 2012, en la clausura del IX Período Ordinario de Sesiones de la ANPP, cuando ya no se publicaban las reflexiones de Fidel, Raúl Castro volvió sobre los planteamientos realizados en el informe al VI Congreso, como el referido al aumento de las tierras ociosas hasta cinco caballerías y otras. El 26 de julio de ese año, en Guantánamo, retomó el tema de las relaciones con Estados Unidos y el 30 de julio, encabezó la marcha por el Día de los Mártires en Santiago de Cuba, lo que podía ser la confirmación del tercer momento de su gobierno.
Resultados de los tres momentos
Respecto a lograr una agricultura fuerte y eficiente para garantizar la alimentación de los cubanos, tenemos que la producción agropecuaria cayó en el año 2010 en 4,2%; en el 2011 el Producto Interno Bruto (PIB) creció menos de lo previsto; la importación de alimentos aumentó de 1,5 miles de millones en 2010 a 1,7 millones en 2011; las ventas disminuyeron en 19,4% respecto a 2010 y los precios al detalle se incrementaron en 19,8%; mientras el salario medio mensual nominal aumentó solo en 2,2%, lo que empeoró la situación del cubano respecto al momento en que se comenzaron a introducir los cambios. Las zafras azucareras continuaron con producciones similares a la de principios del siglo XX, incluyendo la zafra 2011-2012, que programada para producir 1 450 000 toneladas de azúcar, a pesar de contar con la materia prima suficiente y con el 98% de los recursos contratados para su ejecución, presentó las mismas deficiencias anteriores: ni alcanzó la meta ni terminó en tiempo.
El propósito de que las personas sientan la necesidad de trabajar para vivir, un asunto estrechamente relacionado con las ilegalidades y otras manifestaciones de corrupción, no se logró. En su lugar, las actividades delictivas crecieron, como lo demuestra la cantidad de procesos judiciales celebrados y en marcha, al punto que la corrupción, junto a la ineficiencia de la producción, constituyen problemas de seguridad nacional. La respuesta gubernamental, limitada a la represión, la vigilancia y el control, no ha tenido éxito. La propia prensa oficial ha reflejado en los últimos años las constantes violaciones de precios, desvío de recursos, hurto y robo realizados diariamente por miles y miles de cubanos, incluyendo a altos funcionarios que están siendo procesados legalmente, pero el mal no se ha podido detener.
Respecto a desinflar las plantillas laborales, las limitaciones impuestas al trabajo por cuenta propia impidieron que este sector absorbiera la cantidad esperada de trabajadores estatales. De 374 000 cuentapropistas más de 300 000 eran personas sin vínculo laboral o jubilados. Así, el Trabajo por Cuenta Propia, que además de inconstitucional –pues la Constitución establece que la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar no pueden ser utilizados para la obtención de ingresos mediante la explotación de trabajo ajeno–; absorbió menos del 20% de los trabajadores estatales, por lo que el propósito de que esta modalidad asumiera el desempleo de las plantillas infladas, de facilitar al Estado concentrarse en la elevación de la eficiencia de los medios fundamentales de producción y de desprenderse de la administración de actividades no estratégicas para el país, no dieron los frutos esperados.
La anunciada implantación de nuevas medidas, entre ellas, continuar en el año 2012 sin cobrar impuestos a los que empleen hasta cinco empleados, elevar hasta 10 000 pesos la cuantía del ingreso personal por el cual no se pagará impuesto, un abono del 5,0% por el pronto pago de la contribución al ingreso personal, así como permitir la creación de cooperativas y una nueva ley de impuestos que flexibilizaría las cargas tributarias al sector no estatal de la economía, tampoco resolverán la crisis.
Las verdaderas causas

Ante una crisis estructural profunda como la cubana, los cambios tienen que tener carácter estructural. El tiempo transcurrido se ha encargado de demostrar que los pequeños cambios en algunos aspectos de la economía tienen que extenderse desde la coexistencia de las diversas formas de propiedad, incluyendo la privada y la formación de pequeñas y medianas empresas hasta los derechos y libertades ciudadanas. El propósito de conservar el fracasado sistema de planificación como vía principal para la dirección de la economía, la negativa a aceptar que las diversas formas de propiedad desempeñen el papel que le corresponde, ha determinado que la economía –punto de partida elegido para el arranque– continúe sometida a intereses partidistas e ideológicos, mientras la participación ciudadana brilla por su ausencia.
Si el fracaso del modelo totalitario obligó al gobierno cubano, fuera de tiempo, a optar por unas reformas que habían sido ya introducidas por los cubanos al margen de la ley; la actualización del modelo fue más un reconocimiento de la realidad existente que la introducción de medidas resultantes de una voluntad de cambios.
La Primera Conferencia del Partido Comunista de Cuba demostró definitivamente la inviabilidad del modelo vigente y la incapacidad de sus dirigentes para romper con las ataduras ideológicas que impiden avanzar. La negativa a introducir las libertades ciudadanas cerró las posibilidades de cambio. La demora para flexibilizar las medidas migratorias, para democratizar Internet, y para reincorporar en la legislación cubana los derechos y libertades contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, constituye la principal causa del fracaso obtenido.
A lo anterior hay que añadir que el factor tiempo se les agotó. Ahora, sin tiempo, se habla de sin prisa pero sin pausa, lo que trasluce nítidamente la decisión de no cambiar nada que ponga en peligro el poder.
Con independencia de los obstáculos que ha enfrentado el general Raúl Castro en los tres momentos de su gobierno, lo decisivo en el fracaso ha sido la inviabilidad del modelo vigente. Si su gestión de gobierno hubiera contado con las mejores condiciones para implementar las reformas, de todas formas hubiera fracasado, pues en ausencia de las libertades –que constituyen un requisito de la modernidad– y de una alta cuota de voluntad política para conformar un nuevo consenso nacional, era, es y será imposible sacar a Cuba de la profunda crisis en que está inmersa. La capacidad e inteligencia de un hombre o un equipo de gobierno, por altas que sean, resultan incapaces para remontar la actual situación. Esa es la realidad y en eso consiste el reto.

La Constitución de La Yaya y la futura constitución cubana

Publicado en el Diaario de Cuba (http://www.diariodecuba.com/cuba/13725-la-constitucion-de-la-yaya-y-la-futura-constitucion-cubana)

El 29 de octubre de 1897 en el potrero de La Yaya, en Sibanicú, Camaguey,  culminó la redacción de la que sería la última constitución mambisa. El texto resultante significó un salto cualitativo en la historia constitucional cubana debido a la inclusión, por vez primera de una parte dogmática, donde quedaron regulados los derechos civiles individuales y políticos más avanzados para esa época: habeas corpus, libertad postal, libertad religiosa, igualdad ante el impuesto, libertad de enseñanza, derecho de petición, inviolabilidad de domicilio, sufragio universal, libertad de opinión, y derecho de reunión y asociación.

Ese resultado estuvo determinado por causas múltiples, particularmente porque la interdependencia entre desarrollo y libertades presente en todo proyecto social se refleja en la historia constitucional de los derechos humanos. Ejemplos de ello son: la Carta Magna que los nobles ingleses impusieron  a Juan Sin Tierra en 1215, el Acta de Hábeas Corpus de 1674, la Declaración de Derechos inglesa de 1689, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, la Declaración de Francia de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, entre otros documentos, asumieron nivel planetario con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y con los pactos internacionales de Derechos Civiles y políticos y de Derechos Económicos Sociales y Culturales que entraron en vigor en 1976.

En Cuba la historia constitucional comenzó en la época colonial con el Proyecto de Gobierno Autonómico para Cuba, elaborado en 1811 por el padre José Agustín Caballero. En 1812, el abogado bayamés Joaquín Infante redactó el Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba. Y en 1821, el presbítero Félix Varela elaboró un Proyecto de Instrucción para el Gobierno Autonómico Económico y Político de las provincias de Ultramar. Posteriormente, durante las guerras de independencia, en un contexto de contradicciones entre las tendencias militaristas y civilistas, las legislaciones mambisas enriquecieron la historia constitucional de Cuba.

El 10 de abril de 1869 se firmó la Constitución de Guáimaro, en la cual se impuso la tendencia civilista. Esta Ley Fundamental basada en la división tripartita de poderes, depositó el Legislativo en una Cámara de Representantes con autoridad para nombrar y deponer al Presidente de la República en Armas y al General en Jefe. El Ejecutivo quedó en manos del Presidente y el Poder Judicial era independiente. A pesar de haber sido elaborada en plena guerra y de que la Cámara de Representantes era la depositaria de la soberanía, el carácter civilista de esta Constitución permitió que los derechos y libertades de los cubanos quedaran recogidos en su artículo 28 de la siguiente forma: “La Cámara no podrá atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición, ni derecho alguno inalienable del Pueblo”. Según el Dr. Oscar Loyola, en Guáimaro, la posibilidad de una dictadura militar, siempre latente en un proceso histórico de tal naturaleza, quedó programáticamente, eliminada.

Del 13 al 18 de septiembre de 1895, al reiniciarse la lucha por la independencia de Cuba, se redactó en Jimaguayú una nueva Constitución que reflejó las experiencias de la Guerra de los Diez Años.  En ella, como expresa el M. Sc. Antonio Álvarez, se entrecruzaron tres grupos de intereses: el predominio militar, el equilibrio martiano y el civilismo exacerbado, entre los cuales hubo un pacto de interese, el cual se reflejó en que la máxima autoridad gubernamental se concentró en un Consejo de Gobierno con atribuciones para dictar todo lo relativo a la vida civil y política de la revolución, es decir, con funciones ejecutivas y legislativas. El artículo 24 del texto limitaba la vigencia de esta Constitución a un período de dos años.

En cumplimiento de ese artículo, del 13 al 29 de octubre se reunió en La Yaya una nueva Asamblea Constituyente. La Constitución resultante retomó el esquema civilista de Guáimaro, consolidó la organización del poder colegiado de carácter civil y con ella cerró el ciclo del constitucionalismo independentista (Guáimaro, Baraguá, Jimaguayú y La Yaya), que entorpecido por la ocupación norteamericana y la imposición de la Enmienda Platt, dio paso a la etapa republicana. La mejor evidencia del alcance e importancia de La Yaya consiste en que los derechos civiles y políticos refrendados en ella fueron retomados y ampliados en las constituciones de 1901 y 1940.

Los partidarios de la supremacía del militarismo preguntan ¿Por qué se incluyó una parte dogmática en una Ley cuyo fin inmediato era servir de instrumento jurídico en época de guerra? La respuesta a esta interrogante había sido adelantada en varios textos por José Martí, para quien la república asumió la alta definición de alma democrática de la nación.

Martí estableció una relación genética y lógica entre guerra, independencia y república, donde la primera constituía un eslabón mediador para llegar a la última. Para ello delimitó las funciones de la guerra de modo que en la conquista de la independencia inmediata fueran los gérmenes de la independencia definitiva de mañana, pues consideraba que en la hora de la victoria sólo fructifican las semillas que se siembran en la hora de la guerra.

En el discurso Con todos y pare el bien de todos, pronunciado en noviembre de 1891 dijo: “Cerrémosle el paso a la república que no venga preparada por medios dignos del decoro del hombre, para el bien y la prosperidad de todos los cubanos!”. En abril de 1893 expresó: “La grandeza es esa del Partido Revolucionario: que para fundar una república, ha empezado con la república. Su fuerza es esa: que en la obra de todos, da derecho a todos. Es una idea lo que hay que llevar a Cuba: no una persona”. Y en el Manifiesto de Montecristi escribió: “Desde sus raíces se ha de constituir la patria con formas viables, y de sí propia nacidas, de modo que un gobierno sin realidad ni sanción no la conduzca a las parcialidades o a la tiranía”.

La mejor prueba de la importancia del civilismo de la Constitución de La Yaya está en los acontecimientos posteriores a 1959. Después de 17 años regidos por la Ley Fundamental de la República de Cuba –que derogó la Constitución de 1940, heredera de La Yaya– se aprobó la Constitución de 1976, en la que los derechos civiles y políticos quedaron supeditados al reconocimiento del Partido Comunista, como la fuerza superior dirigente de la sociedad y del Estado; algo ajeno y contrario cuando una nueva asamblea constituyente, elegida por el pueblo, asuma la misión de redactar una Carta Magna que recoja la herencia constitucional y la adapte a la realidad de la Cuba de hoy y a los vientos que soplan por el universo.

Elecciones y soberanía ciudadana

Publicado en el Diario de Cuba (http://www.diariodecuba.com/opinion/13660-elecciones-y-soberania-ciudadana)

En la obra El Contrato Social –uno de los tratados de teoría política más influyentes del siglo XVIII–, el francés Juan Jacobo Rousseau expuso la tesis siguiente: de la unión de las personas para defender y proteger sus bienes emana una voluntad general que convierte a los contratantes en un cuerpo colectivo político. Al ejercicio de esa voluntad general, devenida poder, se le denomina soberanía y el sujeto que la ejerce, es decir, el pueblo, es el soberano. Basado en ese contrato el pueblo elige los funcionarios para el ejercicio de la voluntad general y deposita en ellos, de forma temporal, un mandato para la elaboración y ejecución de las leyes, y para el mantenimiento de las libertades ciudadanas.

De la obra de éste filósofo y teórico político se deduce la importancia vital de los derechos civiles, políticos y económicos refrendados constitucionalmente para la participación popular, incluso para retirar el mandato otorgado a esos funcionarios. Esa potestad soberana es la que le otorga a los contratantes la condición de ciudadanos.

Las elecciones, como los referéndums, son dos manifestaciones de la soberanía popular. Mediante ellas el soberano elige entre los candidatos nominados a los funcionarios para ocupar los diferentes cargos públicos y deposita temporalmente en ellos la atención de determinadas esferas y funciones separadas. Mediante los referéndums, el soberano participa en la decisión de diferentes asuntos de su interés como es la aprobación o rechazo de las leyes antes de ser promulgadas. Ambos instrumentos, aunque no son el todo, constituyen una parte importante y decisiva de la soberanía popular.

En Cuba la Constitución de 1940 amplió los derechos y libertades contemplados en la Constitución de 1901; ratificó la división de poderes; confirmó la residencia de la soberanía en el pueblo de Cuba, del cual dimanan todos los Poderes Públicos; extendió el sufragio universal hasta las féminas; y en el artículo 40 legitimó la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente. Esos preceptos legales –garantía de la soberanía en manos de los ciudadanos– sustentaron los procesos electorales democráticos celebrados entre 1940 y 1948 y la resistencia cívica y militar ofrecida contra el Golpe de Estado de 1952.

El reconocimiento a las libertades refrendadas en la Constitución de 1940 la expresó Fidel Castro durante el juicio por el asalto al cuartel Moncada, cuando dijo: Os voy a referir una historia. Había una vez una república. Tenía su Constitución, sus leyes, sus libertades; Presidente, Congreso, tribunales; todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. El gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo y ya sólo faltaban unos días para hacerlo. Existía una opinión pública respetada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos, y en el pueblo palpitaba el entusiasmo. Por esas razones, explicó que la primera de las cinco leyes revolucionarias que serían proclamadas después del triunfo sería  devolver al pueblo la soberanía y proclamar la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado, aclarando, que el movimiento revolucionario como encarnación momentánea de esa soberanía, asumía todas las facultades que le son inherentes a ella, excepto la de modificar la propia Constitución.
El día 8 de enero de 1959, después de asumir el poder, el líder revolucionario aseguró que se iba a convocar a elecciones en el más breve plazo de tiempo posible, lo que supuestamente implicaba la restitución de la Constitución de 1940. Sin embargo, el 7 de febrero de ese año la Carta Magna fue sustituida por la Ley Fundamental de la República de Cuba, violándose uno de los atributos esenciales de la soberanía popular: la facultad de reformar la ley suprema y fundamental de la nación. En virtud de esa Ley Fundamental, que estuvo vigente hasta la promulgación de la Constitución de 1976, el  Consejo de Ministros asumió las funciones del Poder Legislativo y terminó concentrando todo el poder en que se sustentó el giro hacia el totalitarismo.

Actualmente los comicios que se celebran en Cuba están regidos por la Ley Electoral promulgada en 1992, según la cual mediante el voto libre, igual y secreto, los cubanos mayores de 16 años de edad pueden elegir o ser elegido para integrar las asambleas del Poder Popular a los diferentes niveles y ocupar los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario de dichas asambleas, así como integrar el Consejo de Estado.

En esta Ley Electoral el voto directo está limitado a la elección de los delegados para las asambleas municipales, pues las candidaturas de delegados a las asambleas provinciales, los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y las candidaturas para elegir al Presidente, a los Vicepresidentes, el Secretario y demás miembros del Consejo de Estado, son conformadas por las Comisiones de Candidaturas, integradas por representantes de la Central de Trabajadores de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación Estudiantil Universitaria y la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, todos los cuales son miembros del único partido político permitido por la Constitución vigente. En consecuencia, en las candidaturas para las provincias y la nación, los delegados provenientes de las Asambleas Municipales –resultado del voto directo– no pueden exceder el 50% del total de candidatos. La otra mitad son nominados directamente por dichas  Comisiones, incluyendo a personas que no hayan sido electas por el voto directo del pueblo, lo que inutiliza la soberanía popular.

Tanto la Constitución de 1976, reformada en 1992 y 2002, al desconocer los derechos y libertades antes refrendados en las constituciones precedentes; así como la Ley Electoral vigente, que limita el voto directo del pueblo a los delegados de municipio, explican por que en la Cuba de hoy hay cubanos pero no ciudadanos, lo que se manifiesta en la indiferencia ante unos comicios electorales útiles para legitimar lo existente, pero nulos para los cambios que la sociedad demanda; aunque por otras razones que no son objeto de este análisis,  la mayoría asista a las urnas por inercia.

Una prueba inequívoca de ese desinterés nacional es que en estos días los cubanos hablan y discuten acerca de las elecciones en Venezuela o en Estados Unidos, pero nadie, excepto los medios informativos, habla de las elecciones en Cuba. Todo lo cual indica la necesidad de incluir entre los cambios una reforma radical del sistema electoral vigente, para que el soberano ocupe el lugar que le corresponde.