Alguien una vez dijo que en toda iniciativa para acelerar la transición en Cuba, hacía falta una pizca de ingenuidad política. También lo creo. No deben frustrarse los sueños de otros, porque creamos que son imposibles. Debemos ser optimistas. A veces una simple acción,  trae implícito un resultado.

No obstante, debe tenerse mucho cuidado.  Ingenuidad, sólo en su medida exacta. Un exceso podría llevarnos al idealismo. Desconocer la realidad,  induce a errores, y en el terreno político, éstos se pagan con creces.

Por estos días, miembros del Partido Liberal, promueven una plataforma de denominada  “Candidatos por el Cambio”.  Los promoventes, en su mayoría opositores políticos, pretenden lanzarse como candidatos a Delegados Municipales, en las elecciones parciales convocadas por el Consejo de Estado para el próximo mes de abril.

Sus promotores creen que los posibles propuestos, nominados y elegidos, podrían  “impulsar los cambios que, con tanta urgencia, necesita Cuba” e  intentar  “acceder al lugar desde donde pueden, pacíficamente, cambiarse la ley”.

La idea no parece descabellada. Es una forma válida de demostrar, primero, que los mecanismos de acceso al poder en Cuba están completamente oxidados, y segundo, que la participación política ciudadana es una burda falacia. En otras palabras, que el sistema electoral cubano no es democrático.

Para demostrar esa tesis, no es necesario que los aspirantes a candidatos lleguen efectivamente a ser elegidos. Con la simple proposición basta. De antemano sabemos que mantener una opinión política abierta contra el gobierno, es causa suficiente para que se le niegue el acceso  a todos los cargos y em­pleos del Estado.

No importa que la Constitución cubana sólo exija meritos y capacidades. Usted puede ser un excelente trabajador, ser valorado positivamente en su entorno social, incluso, ser un excelente profesional, que si disiente del régimen, enseguida será tratado como ‘gusano’ (desafecto). Baste recordar que la Carta Magna de la República expresa que la igualdad es un derecho consagrado por el Estado y conquistado por la Revolución, y si ella te lo da, también puede quitártelo.

Sin embargo, los objetivos de  los promoventes del proyecto “Candidatos por el Cambio” llegan hasta la fase de elección. Aunque algunos de sus participantes simplemente se conforman, con ver sus biografías publicadas, en las que se haga referencia al partido a que pertenecen.

Éste es precisamente el punto donde se nota una cierta dosis de idealismo e ignorancia de los contenidos de la legislación vigente. Primero, el reconocimiento constitucional del monopartidismo en Cuba, convierte en ilegal cualquier organización política que profese ideología diferente, a la del Partido Comunista (PCC).

Es una alucinación creer que se les reconocerá su membresía en un partido que de hecho y derecho es ilegal. Por otra parte, el PCC no participa directamente en las elecciones. Ni falta que le hace. Sus miembros están diseminados por toda la organización estatal, y sus directrices, tienen preeminencia constitucional sobre las  del Estado.

Lanzarse como candidatos de un partido puede ser peligroso. Sobre todo porque puede ser utilizado por los oficialistas para desacreditarlos, aún más, ante una sociedad ignorante en temas políticos y en leyes. Una población durante más de 50 años, adoctrinada en la creencia de que el pluripartidismo es cosa del diablo.

Otro aspecto a tener en cuenta por los  aspirantes a candidatos, para llegar a ser elegidos como Delegados Municipales, es contar con el apoyo popular necesario, para llegar a ser uno de los que al final compitan por el cargo en la circunscripción.

Les explico. Los municipios se dividen en circunscripciones y están en áreas de nominación, en las que se celebran las asambleas generales de elec­tores. El número de áreas no puede exceder de ocho y cada una de ellas nomina a un solo candidato. Lo que quiere decir que el aspirante, tendrá que ser el preferido, entre los posibles propuestos.

No es suficiente haber nacido, crecido y vivido en el mismo barrio, que todos conozcan cómo piensas y compartan tus ideas. El aspirante requiere que la mayoría de su futuro cuerpo electoral lo prefiera, sin importar su proyección política. No pequemos de ingenuos, sabemos cómo funciona el andamiaje estatal.

Otras realidades a tener en cuenta. Los disidentes son sometidos a campañas de difamación, y vinculados a inexistentes actividades ‘mercenarias’ promovidas por Estados Unidos. Los mítines de repudio la Seguridad del Estado los organiza en horas. Y entre la población cubana no existe suficiente conciencia para voluntariamente decidir, sin medir las consecuencias que en el plano individual y familiar les podrían traer, si apoyan a un candidato por el cambio. Ésa es una realidad

En busca de ese apoyo popular, no es aconsejable que los pretendientes al cargo se den publicidad. El hecho podría ser interpretado como una campaña de propaganda  política, y como tal incurrir en un ilícito electoral y ser procesado penalmente por la comisión de un delito.

Aun previendo estos obstáculos, pudiera darse el caso de que uno de los aspirantes llegue de hecho, a ser elegido, como Delegado Municipal. Sin embargo, desde ese cargo puede promoverse el cambio anhelado?

La Constitución de la República, reconoce que las Asambleas del Poder Popular, en las que se incluye la Municipal,  son los órganos superiores locales del poder del Estado, investidas de la más alta autoridad para ejercer el gobierno en sus demarcaciones.

Para que los acuerdos de la misma, sean válidos y ejecutivos, requieren la mayoría simple de voto. En consecuencia, el número de los candidatos por el cambio, probablemente  electos, debe ser superior a la mitad de miembros que integran el órgano representativo. Solo así, sus propuestas serán adoptadas como acuerdos con trascendencia.

Otra pregunta sería, si las asambleas municipales, tienen  un poder  real de decisión, como para promover cambios democráticos en el país.  La Carta Magna cuando establece los principios de funcionamiento y organización de los órganos estatales, aclara que “los órganos estatales inferiores responden ante los superiores y les rin­den cuenta de su gestión”. En consecuencia, es muy difícil, que una decisión de la Asamblea Municipal, vaya en contra de lo que dicta el Consejo de Estado, por poner un ejemplo.

Incluso podemos seguir siendo optimistas e intentar hacerle entender a la población, el significado real del mandato otorgado a los delegados, que las asambleas de rendiciones de cuentas, no sean para exponer quejas y lamentos, sino para mandar y exigirle a los representantes eficiencia en su gestión. Enseñarles a exigir soluciones y no conformarse con respuestas burdas que justifican la ineficiencia del sistema.

Sería una forma de lograr cambios. Pero, hay que estar conscientes de que a los oficialistas les queda un recurso bajo la manga: la Revocación. Institución jurídica que tiene reconocimiento constitucional y es ampliada por la Ley 89 de 1999. Y aplicada una sola vez en todo el sistema legal.

Los representantes populares pueden ser revocados por diferentes causas: incumplimiento reiterado de las obligaciones emanadas del mandato conferido; incurrir en hechos que hagan desmerecer el buen concepto público; manifestar conductas incompatibles con el honor de ser representante popular. El simple hecho de reunirse con ‘gusanos’ o desafectos de la revolución puede ser causa suficiente, para iniciar un proceso de revocación.

No quiero ser ave de mal agüero. Pero las iniciativas que promuevan el cambio, darán resultados si se estudia a fondo la legislación vigente y se  analizan todos los pro y los contra. Los proyectos muy ambiciosos pueden ser idealistas. Y de ingenuidad, sólo la dosis exacta.

Laritza Diversent

Foto: Elecciones municipales en La Habana, 2007. Agustín Borrego, Flickr.

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A veces me arrepiento de haber estudiado leyes. Otras veces pienso que escogí estudiar la carrera en el lugar equivocado. Desde que estaba terminando mis estudios universitarios comenzaron mis frustraciones. Tenía un ideal de justicia muy diferente al que debía materializar como profesional.

Quizás por eso me animé con el periodismo independiente. Era la forma de mostrar inconformidad con el sistema legal de mi país. Pero no lograba satisfacer mis aspiraciones. Amo la abogacía, y quería ejercerla tal y como la había soñado.

Antes estudiar en la universidad no me daba cuenta de la situación real de los derechos humanos en Cuba. Mencionaba la palabra “derecho”, pero no sabía lo que significaba. Sino hubiese sido el tema central de mis estudios, nunca lo hubiera conocido.

En la calle, en las paradas y dentro de los ómnibus del transporte público, escuchaba anécdotas y conversaciones que me reafirmaban, que los cubanos, eran analfabetos jurídicamente. Hace unas semanas escuché una plática entre dos jóvenes, que me probó, que no estaba equivocada.

Trabajo como especialista en la Oficina del Registro de la Propiedad de Boyeros. Allí pago mi servicio social como egresada universitaria. Había terminado mi jornada laboral extenuada. En la parada, tomé un ómnibus. Detrás de mí, se sentaron dos jóvenes. Uno era estudiante de un tecnológico. El otro, vestido con uniforme del Ministerio del Interior (MININT), estudiaba derecho.

El de tecnológico le enseñó al otro, una multa que le había impuesto un agente de la autoridad. Quería saber si estaba obligado a pagarla. El del MININT le preguntó por qué se la habían puesto. El adolescente contestó que por alzarle la voz a un policía. El otro interlocutor le pidió que repitiera la respuesta. No sé si fue que no escuchó bien o le pareció absurda. Lo cierto es que el joven dio la misma contestación.

Normalmente evito entrometerme en las conversaciones ajenas. Pero a veces no resisto la tentación de opinar. En esta ocasión, escuchar aquella barbaridad no me pude aguantar. Interrogué al muchacho: ¿qué edad tienes? ¿dónde fue que te impusieron la multa? ¿qué le dijiste al policía? ¿le faltaste el respecto?

Después le di una miniconferencia sobre los delitos contra la administración y la jurisdicción. Figuras delictivas que prevée el Código Penal, en caso de faltarle el respeto a una autoridad o sus agentes policiales. Además, le dije, que hablarle en voz alta a un policía no estaba prohibido por la ley.

En Cuba, los excesos y abusos de las autoridades en detrimento de los derechos ciudadanos, es una realidad. La ignorancia jurídica de la población propicia su vulnerabilidad. Por este motivo, un grupo de abogados decidimos formar una organización, la Asociación Jurídica Cubana, que tiene como fin, elevar el conocimiento de las leyes en los cubanos.

Desde hace más de ocho meses, trabajamos con ahínco en crear materiales didácticos que lleven a la sociedad civil, a la comprensión no sólo de las leyes que se le aplican, sino también de la Constitución de la República y los derechos fundamentales en ella contenidos. A partir de ese momento fue cuando comenzó mi verdadera lucha contra la frustración y, sobre todo, contra el analfabetismo jurídico existente en el país.

Laritza Diversent

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