Alguien una vez dijo que en toda iniciativa para acelerar la transición en Cuba, hacía falta una pizca de ingenuidad política. También lo creo. No deben frustrarse los sueños de otros, porque creamos que son imposibles. Debemos ser optimistas. A veces una simple acción,  trae implícito un resultado.

No obstante, debe tenerse mucho cuidado.  Ingenuidad, sólo en su medida exacta. Un exceso podría llevarnos al idealismo. Desconocer la realidad,  induce a errores, y en el terreno político, éstos se pagan con creces.

Por estos días, miembros del Partido Liberal, promueven una plataforma de denominada  “Candidatos por el Cambio”.  Los promoventes, en su mayoría opositores políticos, pretenden lanzarse como candidatos a Delegados Municipales, en las elecciones parciales convocadas por el Consejo de Estado para el próximo mes de abril.

Sus promotores creen que los posibles propuestos, nominados y elegidos, podrían  “impulsar los cambios que, con tanta urgencia, necesita Cuba” e  intentar  “acceder al lugar desde donde pueden, pacíficamente, cambiarse la ley”.

La idea no parece descabellada. Es una forma válida de demostrar, primero, que los mecanismos de acceso al poder en Cuba están completamente oxidados, y segundo, que la participación política ciudadana es una burda falacia. En otras palabras, que el sistema electoral cubano no es democrático.

Para demostrar esa tesis, no es necesario que los aspirantes a candidatos lleguen efectivamente a ser elegidos. Con la simple proposición basta. De antemano sabemos que mantener una opinión política abierta contra el gobierno, es causa suficiente para que se le niegue el acceso  a todos los cargos y em­pleos del Estado.

No importa que la Constitución cubana sólo exija meritos y capacidades. Usted puede ser un excelente trabajador, ser valorado positivamente en su entorno social, incluso, ser un excelente profesional, que si disiente del régimen, enseguida será tratado como ‘gusano’ (desafecto). Baste recordar que la Carta Magna de la República expresa que la igualdad es un derecho consagrado por el Estado y conquistado por la Revolución, y si ella te lo da, también puede quitártelo.

Sin embargo, los objetivos de  los promoventes del proyecto “Candidatos por el Cambio” llegan hasta la fase de elección. Aunque algunos de sus participantes simplemente se conforman, con ver sus biografías publicadas, en las que se haga referencia al partido a que pertenecen.

Éste es precisamente el punto donde se nota una cierta dosis de idealismo e ignorancia de los contenidos de la legislación vigente. Primero, el reconocimiento constitucional del monopartidismo en Cuba, convierte en ilegal cualquier organización política que profese ideología diferente, a la del Partido Comunista (PCC).

Es una alucinación creer que se les reconocerá su membresía en un partido que de hecho y derecho es ilegal. Por otra parte, el PCC no participa directamente en las elecciones. Ni falta que le hace. Sus miembros están diseminados por toda la organización estatal, y sus directrices, tienen preeminencia constitucional sobre las  del Estado.

Lanzarse como candidatos de un partido puede ser peligroso. Sobre todo porque puede ser utilizado por los oficialistas para desacreditarlos, aún más, ante una sociedad ignorante en temas políticos y en leyes. Una población durante más de 50 años, adoctrinada en la creencia de que el pluripartidismo es cosa del diablo.

Otro aspecto a tener en cuenta por los  aspirantes a candidatos, para llegar a ser elegidos como Delegados Municipales, es contar con el apoyo popular necesario, para llegar a ser uno de los que al final compitan por el cargo en la circunscripción.

Les explico. Los municipios se dividen en circunscripciones y están en áreas de nominación, en las que se celebran las asambleas generales de elec­tores. El número de áreas no puede exceder de ocho y cada una de ellas nomina a un solo candidato. Lo que quiere decir que el aspirante, tendrá que ser el preferido, entre los posibles propuestos.

No es suficiente haber nacido, crecido y vivido en el mismo barrio, que todos conozcan cómo piensas y compartan tus ideas. El aspirante requiere que la mayoría de su futuro cuerpo electoral lo prefiera, sin importar su proyección política. No pequemos de ingenuos, sabemos cómo funciona el andamiaje estatal.

Otras realidades a tener en cuenta. Los disidentes son sometidos a campañas de difamación, y vinculados a inexistentes actividades ‘mercenarias’ promovidas por Estados Unidos. Los mítines de repudio la Seguridad del Estado los organiza en horas. Y entre la población cubana no existe suficiente conciencia para voluntariamente decidir, sin medir las consecuencias que en el plano individual y familiar les podrían traer, si apoyan a un candidato por el cambio. Ésa es una realidad

En busca de ese apoyo popular, no es aconsejable que los pretendientes al cargo se den publicidad. El hecho podría ser interpretado como una campaña de propaganda  política, y como tal incurrir en un ilícito electoral y ser procesado penalmente por la comisión de un delito.

Aun previendo estos obstáculos, pudiera darse el caso de que uno de los aspirantes llegue de hecho, a ser elegido, como Delegado Municipal. Sin embargo, desde ese cargo puede promoverse el cambio anhelado?

La Constitución de la República, reconoce que las Asambleas del Poder Popular, en las que se incluye la Municipal,  son los órganos superiores locales del poder del Estado, investidas de la más alta autoridad para ejercer el gobierno en sus demarcaciones.

Para que los acuerdos de la misma, sean válidos y ejecutivos, requieren la mayoría simple de voto. En consecuencia, el número de los candidatos por el cambio, probablemente  electos, debe ser superior a la mitad de miembros que integran el órgano representativo. Solo así, sus propuestas serán adoptadas como acuerdos con trascendencia.

Otra pregunta sería, si las asambleas municipales, tienen  un poder  real de decisión, como para promover cambios democráticos en el país.  La Carta Magna cuando establece los principios de funcionamiento y organización de los órganos estatales, aclara que “los órganos estatales inferiores responden ante los superiores y les rin­den cuenta de su gestión”. En consecuencia, es muy difícil, que una decisión de la Asamblea Municipal, vaya en contra de lo que dicta el Consejo de Estado, por poner un ejemplo.

Incluso podemos seguir siendo optimistas e intentar hacerle entender a la población, el significado real del mandato otorgado a los delegados, que las asambleas de rendiciones de cuentas, no sean para exponer quejas y lamentos, sino para mandar y exigirle a los representantes eficiencia en su gestión. Enseñarles a exigir soluciones y no conformarse con respuestas burdas que justifican la ineficiencia del sistema.

Sería una forma de lograr cambios. Pero, hay que estar conscientes de que a los oficialistas les queda un recurso bajo la manga: la Revocación. Institución jurídica que tiene reconocimiento constitucional y es ampliada por la Ley 89 de 1999. Y aplicada una sola vez en todo el sistema legal.

Los representantes populares pueden ser revocados por diferentes causas: incumplimiento reiterado de las obligaciones emanadas del mandato conferido; incurrir en hechos que hagan desmerecer el buen concepto público; manifestar conductas incompatibles con el honor de ser representante popular. El simple hecho de reunirse con ‘gusanos’ o desafectos de la revolución puede ser causa suficiente, para iniciar un proceso de revocación.

No quiero ser ave de mal agüero. Pero las iniciativas que promuevan el cambio, darán resultados si se estudia a fondo la legislación vigente y se  analizan todos los pro y los contra. Los proyectos muy ambiciosos pueden ser idealistas. Y de ingenuidad, sólo la dosis exacta.

Laritza Diversent

Foto: Elecciones municipales en La Habana, 2007. Agustín Borrego, Flickr.

¿Puede un francés ser ilegal en París, un inglés en Londres o un español en Madrid? La respuesta parece obvia y estúpida. Sin embargo pregunte si un santiaguero, tunero o guantanamero puede ser un ilegal en Ciudad de la Habana.  Sí, es posible. Es que Cuba es el país de los absurdos y su capital, la madre de la ilegalidad.

Es pretencioso, pero se debe llamar la atención sobre las vidas frustradas, los sueños imposibles y deseos reprimidos de los que han nacido en Cuba. Una isla que apenas de divisa en el mapamundi. Sobre todo en estos tiempos, cuando la humanidad vive azotada por desgracias de diversa índole.

Pero en Cuba hay miles de historias que merecen ser contadas. Voces silenciadas por la imagen de un gobierno que oculta la verdad, para no reconocer que el sistema político, económico y social impuesto a sus ciudadanos por más de cincuenta años, es un completo fracaso. Repasemos una historia.

Once de la noche del 22 de diciembre de 2009. El ciudadano Ibrahim Alayo Meriño comparece ante el teniente José García Brón, oficial actuante en la unidad policial del Capri, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. Luego de identificarse, tiene que firmar el acta de detención.

Alayo es un joven negro de 36 años. Su carnet de identidad dice que es natural de Ciudad de la Habana, pero en la actualidad es vecino de Campamento número 140, entre 20 y 22, Santiago de Cuba. Ibrahim sabe que es inútil explicar por qué está en la capital. La ley lo declara ilegal, y como tal, debe ser detenido y deportado a su lugar de residencia.

Así lo ordena el Decreto-Ley 217 de 22 de abril de 1997, que establece “Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana”. Dicha disposición prohíbe a los cubanos, provenientes de otros territorios del país, residir, domiciliarse o convivir con carácter permanente en la capital sin autorización.

El problema de la emigración del campo hacia la ciudad comenzó a agudizarse, en Cuba, en los años 80. “La Habana no aguanta más”,  dice el estribillo de uno de los más sonidos hits de los Van Van, orquesta número 1 de la música popular en la isla. Incluso, a los oriundos de la regiones orientales del país, en la capital les llaman  ”palestinos”.

A las migraciones internas se les buscó la solución más fácil: prohibir y sancionar. El gobierno cubano, al poner en vigor el referido decreto-ley, limitó los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos que no residen en la capital del país. Supuestamente para asegurar el derecho a la higiene de los habaneros.

La historia de Ibrahim es de las más sencillas. Nadie se imagina hasta dónde pueden llegar los tentáculos de una disposición jurídica, ampliamente aplicada por todos y cada unos de los órganos e instituciones del Estado.

La norma también se le aplica a los habaneros, provenientes de otros municipios de la capital, que sin la correspondiente licencia, se domicilien en una vivienda ubicada en los municipio de La Habana Vieja, Centro Habana, Cerro y Diez de Octubre.

Y hasta se llega al extremo de multar por ilegal, a un ciudadano que tenga la dirección reconocida en un municipio capitalino, pero resida en otro, aunque éste no sea de los clasificados como “zonas congeladas”.

La contradicción mayor en la Constitución de la República, que en su artículo 43, reconoce que los cubanos pueden “domiciliarse en cualquier zona o sector”. Derecho, que según el precepto, fue “conquistado por la Revolución”.  De lo que se deduce que  si ella te lo da, también  tiene la facultad de restringírtelo o quitártelo.

Tampoco importa si la violación de un derecho, implica la vulneración de otros. Los centros laborales no contratan, las escuelas no matriculan y las farmacias no expiden los medicamentos regulados por tarjeta, si el ciudadano, sea niño o adulto, no tiene la dirección que le corresponde.

Los órganos policiales, las direcciones municipales de la vivienda y las oficinas del registro de direcciones, se encargan de ejecutar al pie de la letra la norma. Se ha dado el caso de ciudadanos que han sido multados varias veces por “ilegal”.

Sin embargo, la ley no se aplica a todos por igual. El 99,9 por ciento de los miembros de los órganos policiales son de las regiones orientales del país. El gobierno a ellos si les da licencia para residir en la capital, aún sin tener domicilio reconocido.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”. El gobierno cubano dice que defiende los derechos humanos. Pero prohíbe y sanciona a los ciudadanos que osan ejercer sus derechos.

¿Puede un Estado limitar  las facultades  humanas de un grupo de sus gobernados, para garantizar supuestamente el derecho de otros? ¿Acaso todos no disfrutamos de los mismos derechos y somos iguales ante la ley?

La Declaración Universal  es clara en ese sentido. Ningún precepto puede interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en la misma.

Un gobierno que hipócritamente critica a la Unión Europea y a Estados Unidos, por tomar medidas para controlar el flujo migratorio proveniente de otras naciones. Sin embargo castiga con multas y deportación, a un cubano que permanezca en la capital sin su permiso.

La historia de Ibrahim Alayo Meriño es sólo un ejemplo de los miles que a diario sufren los cubanos dentro de su país. Desde 1997 está en vigor un decreto que violenta los derechos de casi 12 millones de personas. Ningún tribunal o autoridad se atreve a declararlo inconstitucional.

Hacía cuatro años que Ibrahim se había se mudado a Santiago de Cuba, donde reside su nueva familia.  Viajó a La Habana para pasar los días de Navidad y fin de año con sus padres, que viven en la capital. Pero a las autoridades eso no les interesó y consideraron que había desbodecido la ley. Por ello durmió en un calabozo y a la mañana siguiente fue deportado.

Son algunas de las voces silenciadas y las historia de las cuales no se habla. Pero que están ahí. Ciudadanos indefensos antes los excesos de poder  de un gobierno que no sólo ha convertido la capital de todos los cubanos, en una ciudad prohibida para muchos, si no también en  cuna de la ilegalidad.

El gobierno tiene un modo muy particular de aplicar las leyes. Cerrando a cal y canto La Habana es una de esas maneras. Aunque para la justicia cubana no todos son iguales. Los hermanos Castros también son orientales. Por supuesto, a nadie se le ocurriría pensar que son ilegales.

Laritza Diversent

Pago mi servicio social como egresada universitaria en un registro de la propiedad, una institución estatal perteneciente al Ministerio de Justicia, que se encarga de resguardar el tráfico jurídico inmobiliario.

Hace unos meses, al Ministerio llegó el último de cuatro anónimos, que acusaba de corruptos a los registradores y especialistas de Ciudad de la Habana. Se inició una investigación y se celebraron reuniones y entrevistas con los trabajadores.

El asunto, como era de esperar, llegó al plano político. Salió a relucir el enemigo eterno. El imperio (Estados Unidos) nuevamente atacando, ahora con anónimos, para dividir nuestras filas. Aquéllo parecía una indirecta directa. Mis superiores saben que soy periodista independiente.

En la isla, muchos de veras se creen que somos el ombligo del mundo, la manzana prohibida del país más poderoso del orbe. Y me surge una duda: ¿realmente los dirigentes cubanos creen que somos un tema prioritario en la agenda estadounidense? Incluso plantearon la idea de que “la mafia de Miami”, podría estar formando un nuevo registro de la propiedad, con certificaciones emitidas por  instituciones en Cuba.

En la investigación, preguntaron a los trabajadores cuáles eran las aéreas de mayor riesgo para propiciar la corrupción. Como siempre, la manía de no tocar el fondo del asunto. Las ilegalidades se acabarán en este país, cuando el trabajador no tenga necesidad de recurrir a la comisión de delitos para obtener ingresos y satisfacer sus necesidades individuales. ¿Será que el imperio también tiene la culpa de esto?

Como dice mi abuela, “las culpas nunca caen al suelo”. Si no existiera el “bloqueo” (embargo), otro gallo cantaría. Por eso en mi centro han robado cinco veces en tres años. Las dos últimas, después que cambiaron la marquetería de madera por la de aluminio. El ladrón poco a poco se fue llevando puertas y ventanas. Tal vez lo mandaron los yanquis, en su afán de destruir la revolución.

Lo cierto es que los platos rotos los pagamos los trabajadores. Malditos yanquis, por su culpa tenemos una jornada de ocho horas, sin almuerzo, un horario extendido, dos días a la semana (de 8:00 de la mañana a 7 de la noche), en las mismas condiciones. Y para protegernos de las agresiones, debemos cuidar los bienes estatales, porque son “de todo el pueblo”.

“La responsabilidad es de todos, no es sólo pedir al Estado, también hay que darle”, afirmó la directora provincial de Justicia. Si no aparece una persona dispuesta a ocupar la plaza de custodio, comenzarán las guardias obreras.  ¿Esto también lo planifica el imperio?

Otra manía revolucionaria más: exigir sacrificios. No importan los problemas personales, hay que ofrendarse en pos del bien común. Lo malo del caso es que llevamos cincuenta años esperando los resultados.

De todo tiene la culpa el imperialismo. Él es responsable de anónimos sobre la corrupción, de ilegalidades, robos al Estado y las miserias que pasamos los cubanos. Todo es minuciosamente preparado en las entrañas del monstruo. El gobierno de Estados Unidos no duerme pensando en nosotros.

El día que la dirigencia histórica deje de buscar un culpable por sus errores en el enemigo eterno, vendrán los cambios a Cuba. Para ello, es necesario que dejen de verse como el ombligo del mundo y la manzana apetecible de Adán, y piensen más en las necesidades de los cubanos.

Laritza Diversent

Mis ojos se humedecen cada vez que leo en la prensa y veo esas imágenes estremecedoras sobre la situación en Haití. Tal vez sea por sensibilidad. Quizás sea por mis raíces haitianas.

Mi padre fue el tercero de 12 hijos de un hombre, que a principios del siglo veinte emigró de Haití hacia Cuba. Vicente Diversent, mi abuelo, enseñó a sus hijos a hablar su lengua. Lástima que no tuvo tiempo de enseñársela a sus nietos.

No hablo creole y aunque los idiomas no son una barrera para trasmitir mensajes, en estos momentos desearía hablar la lengua materna de mi abuelo. Para poder decirle a los haitianos que también estoy sufriendo su dolor. El mismo dolor que mi abuelo sentiría si estuviera vivo.

Me siento como una espectadora ante una película de horror. Quisiera hacer más. Consolar a quienes han perdido a sus seres queridos. Ayudar a quienes buscan a los suyos bajo los escombros. Proteger a los miles de niños desamparados que perdieron a sus padres y por cuya suerte se ocupan ya la Unicef y numerosas organizaciones internacionales.

La realidad y el espacio físico no me lo permiten. Poco puedo hacer desde Cuba. A no ser cerrar los ojos, y pedir clemencia a Dios y a todos los santos. Y que le devuelva la esperanza a la tierra donde nació mi abuelo. No soy religiosa, pero la fe es lo único a  que podemos aferrarnos cuando sucede una catástrofe de esa magnitud.

A los hombres de buena voluntad, de cualquier país, pido tender sus manos a las haitianas y haitianos de todas las edades, que despavoridos tratan de huir del horror que han vivido y del desastre que hoy es su patria. Pido comprensión con los que pierden la calma ante el hambre y el desamparo.

Pero sobre todo pido que se callen aquéllos que por disputas personales e ideológicas, aprovechan esta terrible situación, para hablar de intervenciones militares en un país dominado por el caos y la desesperación. Y aprovechan la oportunidad para debatir acerca de los culpables históricos por la pobreza en Haití. Ayuden en lo que puedan, pero háganlo en silencio. Y si no pueden ayudar como quisieran, cállense.

Dudo que mi padre, a sus 71 años, pueda ya conocer a sus parientes en Puerto Príncipe. A mí, al menos, me queda el consuelo de escribir.  Y desde La Habana, desde este blog, en nombre de mi abuelo y de la familia cubana de apellido Diversent, descendientes de haitianos, envío un mensaje de amor y solidaridad hacia una tierra y una gente a la que nos une una misma raza y un tronco común.

Laritza Diversent

Foto: Mujer haitiana fotografiada por Swiatoslaw Wojkowiak, Flickr.

Pedro Poul habla con dificultad el creole. Aún así, cierra los ojos y susurra una oración religiosa. Se la enseñó su padre cuando era pequeño. Pensó que lo había olvidado luego de haberse sumado en 1958 a las guerrillas en la Sierra Maestra y haber profesado los dogmas del Partido Comunista de Cuba.

Su cántico religioso estuvo dormido en su subconsciente durante más de 50 años. Le pide a Papa Legbá (el Eleguá del panteón Yoruba en el Vudú haitiano) por la tierra que vio nacer a su padre, arrasada por un terremoto, y “ocupada por los yanquis”. Pedro Poul repite lo que escucha. Los cubanos, dice, están afligidos por los sucesos en Haití y “molestos por la intervención de tropas americanas” en la pequeña  nación.

A pie juntillas cree lo que dicen los medios cubanos, que los estadounidenses se quieren apoderar de las minas de oro haitianas. Por Telesur, vio a Chávez hablando sobre la “invasión” y en la televisión cubana, al escritor de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, Heriberto Feraudy, acusar al ”monstruoso imperio, de no perdonarle a ese pueblo, haber sido la primera república negra en el continente”.

La prensa oficial no explica que Haití que el terremoto casi acabó con el gobierno y todas sus instituciones. Y que sus insuficientes infraestructuras estatales y sociales se acabaron de desmoronar con el sismo. Tampoco mencionan que fue su presidente, René Préval, quien solicitó a Obama ayuda urgente de los Estados Unidos. Ni dicen que la devastación y el caos, impiden que la ayuda internacional pueda ser con urgencia. Y que la desesperanción y el hambre han provocado escenas de violencia.

Los cubanos no saben que la principal cárcel de Puerto Príncipe quedó destruída ni que por las calles andan sueltos ladrones, violadores y asesinos, que con pistolas, machetes o palos, tratan de saquear lo poco que quedó en pie en casas y comercios e intentan cogerla por la fuerza en los locales donde se ha ido almacenando la ayuda humanitaria.

Ni siquiera por una vez, los gobernantes cubanos  dejan de lado las diferencias políticas. Y son incapaces de sumarse a los esfuerzos de otras naciones, Estados Unidos incluido, por ayudar a  cientos de miles de haitianos, quienes aguardan espera los beneficios de una operación global, que puede duplicar la cifra aportada cuando en 2004 un tsunami devastó varios países asiáticos.

Es más fácil hacer campañas de descrédito, que con modestia sumarse a un empeño humanitario, junto a naciones con diferentes ideologías y sistemas sociales. Ante una urgencia como la de Haití, no importa cuál sea el color de la bandera ni cómo se llame la persona o la ong con la cual vas a tratar de salvar vidas y reconstruir un país devastado. Tampoco importa quién o quiénes dirijan todas esas labores urgentes ni quién aporta más o menos.

Actitudes y sentimientos que no necesitan ahora los haitianos. Lo que ellos necesitan es que se unan esfuerzos y lo antes posible se envíen brigadas y materiales que en tiempo récord edifiquen viviendas antes de que lleguen las lluvias y la temporada ciclónica, el próximo mes de junio. Fenómenos naturales que acabarían de devastar la destrozada tierra y su gente.

Pedro Poul hizo hizo suyo el mensaje de los medios oficiales y a otros trasmite el odio durante 51 años inculcado hacia Estados Unidos, el enemigo número uno de la Revolución Cubana. Sin embargo, no se cuestiona que una vez el Partido Comunista le exigiera dejar atrás sus raíces y su religión. Ni que sus nietos no conozcan la vida y tradiciones de su abuelo haitiano.

Tampoco se detiene a meditar, si es la hora de buscar culpables. Y si los miles de desamparados, heridos y enterrados bajos los escombros, en estos momentos necesitan que salgan a la luz disputas ideológicas. Todo lo contrario.

La opinión pública cubana sólo conoce un punto de vista de la tragedia haitiana. El punto de vista difundido por los medios de comunicación, que en el caso de Cuba equivale a decir el mismo de los gobernantes. ¿Qué más puede esperarse de un gobierno que por orgullo y discrepancias políticas, cuando varias regiones de la Isla fueron arrasadas por dos potentes huracanes, en septiembre de 2008, rechazó la ayuda humanitaria?

Actualmente, la posibilidad de cooperación entre Cuba y Estados Unidos es nula. Y no sucederá mientras el gobierno cubano siga echándole la culpa de todos los males de la humanidad a su eterno enemigo. Aunque para lograrlo, tergiverse y manipule los hechos, según sus intereses.

Gracias a la sistemática desinformación, en el alma de algunos cubanos anida el resentimiento. Es el caso de Pedro Poul. No por aquéllos que una vez le exigieron renunciar a la herencia cultural de su padre haitiano. Si no por aquéllos que hacen todo lo posible por levantar a un pueblo en desgracia.

Laritza Diversent

Foto: American Red Cross, Flickr

Escribir en la red con tu nombre verdadero y criticar al gobierno es un verdadero reto si vives en Cuba. Cuando publiqué mi primer artículo, estaba consciente de que estaría en el punto de mira del Departamento de Seguridad del Estado. Habían  comenzado los retos.

El primero, soportar que la policía política se entrometiera en mi vida íntima. El segundo, ignorar el control que pudieran tener sobre mis actos. El tercero, exponer a mi familia. Para mí, estos tres retos son los más importantes.

Publicar trabajos con mi nombre y apellidos en internet me convirtió en una disidente pública para el régimen cubano. A partir de ese momento, pasé a ser una CR, las dos letras con las cuales la Seguridad del Estado identifica a los disidentes y periodistas independientes, y que significan contrarrevolucionario.

Cuando tomé la decisión de escribir, estaba consciente de que hurgarían en mi pasado, en particular sobre los “secretos personales” que pudiera tener. Realmente no hay una forma de saber cómo y cuándo, buscan y obtienen información sobre ti. Me imagino que utilizan la que tienen archivada desde que eres un niño y asistes a la escuela; después, cuando continúas estudiando, empiezas a trabajar y también, por supuesto, la que obtienen en tu cuadra, a través de los Comités de Defensa de la Revolución, entre otras organizaciones de masas.

Me imagino que, además, contactan con amistades de la infancia, excompañeros de aula, amigos del barrio, y hasta con familiares cercanos y lejanos. Es difícil saber quién puede delatarte. Cualquier persona que se relacione contigo podría darles, directa o indirectamente, informaciones sobre ti, sin tu saberlo. Eso genera una especie de paranoia que te obliga a desconfiar de todas las personas que te rodean. Y donde quiera ves un delator o chivato.

Lo cierto es que todo lo indagan, porque les interesa todo sobre tu vida. Eso te lo hacen saber en cada una de las “entrevistas” a las cuales te citan y estás obligado a asistir. Citaciones que al principio son para disuadirte: “Estás en un mundo que no conoces, y nuestro deber es alertarte”. La disidencia, dicen, es algo inmundo. Y ellos, una y otra vez lo repiten, “los salvadores de la patria”.

Sin embargo, el objetivo de la Seguridad no es que se dejes de disentir, en este caso de escribir y publicar en internet. Ni siquiera que dejes de criticar al gobierno. No, ellos lo que buscan es que empieces a “colaborar”. Y poco a poco te vayas convirtiendo en agente o informante, como otros que periódicamente preparan e infiltran en la disidencia, el periodismo independiente y la naciente blogosfera.

Para lograrlo, buscan lo que ellos consideran ”tu lado oscuro”. Y por eso escudriñan en tus relaciones amorosas, familiares, preferencias sexuales… Cualquier detalle que les sirva para chantajearte. Cuando descubren algo, no tienen escrúpulos en utilizarlo. Y si eres flojo de piernas, te obligan a hacer lo que ellos quieren: captarte para que integres su cuerpo de soplones.

Hasta te asignan un oficial de la Seguridad, quien será el encargado de “conversar” contigo, de decirte “estamos al tanto de tus visitas a…”. Que ellos saben con quién te reúnes, a dónde vas… Para que sepas que te tienen controlado, y siguen cada uno de tus pasos. No importa lo que hagas ni donde estés: ellos son como dios, omnipresentes.

Para sobreponerme a todo ese diabólico modus operandi del Departamento de Seguridad del Estado, el mismo empleado con la mayoría de los disidentes y periodistas independientes cubanos, una y mil veces me repetía “mi vida es mía, la he hecho pública, no tengo nada que esconder, y nada de lo que encuentren me va a afectar”.

Así fue como superé los dos primeros retos. Sin embargo, el tercero es el más difícil: que lo que hago, no afecte a mi familia.  La primera vez que la Seguridad contactó conmigo, lo hizo a través de mi papá. Le dijeron que me estaba reuniendo con “gusanos” (desafectos a la revolución), que escribía para un sitio en internet de “contrarrevolucionarios” y que si no paraba, podría ir a prisión. Mi padre fue excombatiente del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, oficial retirado de las Fuerzas Armadas y actualmente es miembro de la Asociación de Combatientes. En pocas palabras, es fiel a esta revolución.

Pueden imaginarse lo ocurrido. Sin embargo, me amparé en mis derechos y les exigí a los “segurosos” que no inmiscuyeran a mi familia.  Les hice saber de que era mayor de edad, responsable de mis actos y que sólo yo debía asumir las consecuencias. No obstante, citaron a mi esposo a través del jefe de sector o policía a cargo de una barriada.

Aparentemente, el motivo de la citación era que mi esposo no trabajaba para el Estado. Pero quien en realidad lo citó y entrevistó fue el agente encargado de mi caso. Un joven que dice tener 27 años y se identifica como “Ricardo”. Le dijeron que yo salía sola, que me reunía con hombres, para tratar de provocarle celos, conocedores de que los cubanos son muy machistas. Tuvieron inclusive la desfachatez de pedirle “colaboración”. Querían que mi esposo me prohibiera salir a determinados lugares.

Especial cuidado tengo con mi hijo. Tiene 10 años y cursa el cuarto grado de la enseñanza primaria. Aunque uno no lo quiera, siempre se afecta a la familia. Está, además, el hecho de que como la Seguridad contínuamente está investigando sobre ti y tu entorno, puede descubrir cualquier problema o situación ilegal de algún miembro de tu familia.

En Cuba se vive al margen de la ley. El Estado supuestamente es el responsable de garantizarlo todo, nosotros sólo debemos estudiar o trabajar. Pero en la vida real, en el día a día, no es así. Los salarios no alcanzan y la gente se ve obligada a buscar alternativas para sobrevivir. Por tanto, un alto porcentaje de la población recurre a ilegalidades, que se han convertido en su medio principal de subsistencia.

Después de la oleada represiva de marzo de 2003, y el costo político-económico, pero sobre todo el aislamiento internacional que estos hechos representaron para el gobierno, disminuyeron los métodos de represión violentos contra los disidentes y periodistas independientes que escribían y firmaban con sus verdaderos nombres en internet.

Precisamente el hecho de que el mundo pueda conocer el nombre y el rostro de la disidencia, que pueda constatar que somos personas de carne y hueso con opiniones propias, nos da cierta protección. No obstante, los métodos sutiles de represión continúan y éstos suelen ser más efectivos porque actúan en la psiquis individual. Pese a esa protección internacional, son aún muchos los riesgos que en Cuba se corren por escribir en internet.

Laritza Diversent

Vivir en una sociedad donde reina el caos (pese a la excesiva vigilancia), impide determinar qué es lo bueno y lo malo, distinguir el mal mayor del menor. Por ello, es casi imposible prevenir las acciones sociales peligrosas para la comunidad.

Cuando un grupo político determina cuáles conductas han de ser prohibidas de acuerdo a sus intereses hegemónicos, la escala de valores sociales se pierde y comienza a reinar la desorganización. En Cuba, por ejemplo, la sanción penal es más severa por sacrificar una vaca o un caballo, que por cometer un homicidio. Para ilustrar los extremos, el relato de un incidente ocurrido en mi barrio pudiera resultar esclarecedor.

Hace unas semanas, a dos cuadras de mi casa, hubo una fiesta. La calle se llenó de jóvenes bailando. Bulla, alegría, alcohol y quien sabe cuántas cosas más. El bochinche terminó antes de media noche, con alrededor de una treintena de personas apedreando la casa de mi vecina, Katia Vales.

Tras varias llamadas al 106, llegó la policía. Pero ya el tumulto de jóvenes que se había cansado de lanzar piedras y retar a los espectadores, se había marchado. Aterrorizado y estupefacto quedó el vecindario. Al ser conocidos en la zona, varios de los agresores pudieron ser arrestados.

Alguien me preguntó qué castigo yo creía que debieran recibir estos muchachos. Afortunadamente, ningún inquilino de la vivienda apedreada resultó lesionado, y los daños fueron menores: un farol roto y destrozadas las láminas de aluminio que cubrían las ventanas de hierro.

Me puse en el lugar de una jueza. Valoré el hecho, no por los daños materiales provocados, sino por sus posibles consecuencias. ¿Qué hubiese pasado si unos de los moradores, envalentonado, hubiera salido en defensa de su hogar y su familia? Hubiera ocurrido una tragedia, por la furia que tenían aquellos jóvenes.

Respondí que, en caso de ser jueza, los acusaría de escándalo público y por el delito de amenazas. Como sanción preventiva, les impondría trabajo correccional en la agricultura, para que la próxima vez se lo piensen dos veces antes de cometer otro acto vandálico.

Pero me equivoqué en mis predicciones. A los jóvenes les impusieron una multa, un acta de advertencia y… calabaza, calabaza, cada uno para su casa!

Por supuesto, mi escala de valores no coincide con la de las autoridades. Para mí es más importante preservar la tranquilidad ciudadana, que se supone deba ser el fin de primero de la policía revolucionaria.

Pero para ellos es más importante perseguir a los revendedores y negociantes que intentan sobrevivir a la permanente crisis económica que desde hace décadas asfixia a la población. Porque les da la posibilidad de sacar ventajas, gracias a un sistema lacerado por la corrupción. Y porque tal vez sea uno de los objetivos de sus superiores, para evitar el florecimiento de quienes el régimen cataloca como ”los nuevos ricos”.

Son las consecuencias de vivir en una sociedad, donde priman los intereses políticos de una clase que lucha por perpetuarse en el poder. Mientras, sus gobernados se hunden cada vez más en la miseria, la corrupción, la violencia, la inmoralidad y la desesperanza.

Laritza Diversent

Foto: Johaaaaanna, Flickr

El Floridita, uno de los templos de Ernest Hemingway en La Habana (en la foto, con Errol Flynn, cuando el actor estadounidense visitó Cuba en 1959), pese a la estatua y los cuadros…

…y a los cientos de turistas que anualmente lo visitan, se toman un daiquirí y le tiran fotos al bar-restaurante, ubicado en Obispo esquina a Monserrate, en la Habana Vieja…

…hace rato perdió el encanto que tenía cuando el famoso escritor norteamericano era asiduo cliente. No porque el 2 de julio se cumplieron 48 años de su suicidio, si no porque en La Habana es muy difícil ocultar calles, viviendas y edificaciones en ruinas.

Texto y fotos de Laritza Diversent y

de Google-Imágenes.

Sí, es cierto. Existen obstáculos para ejercer la iniciativa legislativa. Pero son requerimientos legales imprescindibles para que surtan efectos. Hay que intentar sortearlos primero, para después decir que es  imposible. Por otra parte, están los requisitos de forma y contenido, en mi opinión, excesivos, que exige la legislación a un proyecto de ley ciudadano.

El Proyecto Varela tampoco cumple ninguno. En su fundamento legal se apoya indistintamente en el derecho de queja y petición, y en la iniciativa legislativa ciudadana. Sin embargo, ambas facultades no tienen el mismo contenido, ni se ejercitan de igual forma.

La Constitución de la República de 1976, reformada en 1992, en su artículo 63 establece que “Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticio­nes a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley”. Aunque no se legisla el contenido, alcance y formas de este derecho. Por tanto, no hay formalidades jurídicas, es decir, no existe procedimientos para ejercer este derecho.

A las autoridades puede llegarse con cien mil firmas de ciudadanos o sin ninguna. No hay exigencia en tal sentido. En todo caso, las autoridades  constitucionalmente están obligadas a recibir y dar  respuesta a cualquier petición ciudadana. Sin embargo, esto no significa que serán satisfechas las peticiones planteadas.

Por su contenido, el Proyecto Varela se corresponde más con el ejercicio del derecho de queja y petición, que con una iniciativa legislativa tal como expone en su fundamento legal. Hace varias peticiones para que se modifiquen leyes vigentes, pero no especifica las reformas concretas de esas normas y cómo quedarían después de la propuesta modificativa.

El Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), aprobado en 1996, regula la forma en que debe ser ejercitada la iniciativa legislativa. Un procedimiento que no siguieron los promotores del Proyecto Varela.

Ese reglamento exige la presentación de un proyecto de ley al presidente del Parlamento, acompañados de una fundamentación que debe cumplir determinado formato y contenido. Por ejemplo, si se pretende modificar la ley electoral debe especificarse los artículos que sufrirían cambios, siempre que se fundamente desde el punto de vista político, económico y social, el por qué de la transformación.

No parece ni es fácil cumplir con todos esos requerimientos. Ni el mismo gobierno pudo realizar el proceso tal como lo diseñó. Tanto la solicitud como la reforma constitucional del 2002, fueron ilegítimas. Pero de eso no se dieron cuenta los promotores del Proyecto Varela. Porque, al igual que sus adversarios, no conocen la ley.

Cuando en marzo de 2001 se presentó el Proyecto Varela, éste adoleció de falta de estudio de la legislación constitucional y su normativa complementaria. Si aún sabiendo sus deficiencias, posteriormente decidieron recoger firmas para un nuevo proceso de entrega, pues felicidades y éxitos en la empresa.

Repito: su relanzamiento en la actualidad es incoherente desde el punto de vista jurídico. Las faltas legales de que adolece le impedirían llegar a las puertas de la Asamblea Nacional y se esperaría en vano el cumplimiento de las demandas que exige.

Parece que no han sido suficientes los encarcelamientos del 2003 ni las condiciones infrahumanas en que se encuentran los opositores que promovieron el Proyecto Varela. ¿Quién puede suplir la ausencia de esos padres, hijos y esposos? La primera vez se actuó con desconocimiento, en esta segunda, ya están advertidos.

“Ama al  prójimo como a ti mismo” reza uno de los diez mandamientos bíblicos. ¿Cómo puede pedírsele a alguien que se inmole por algo, sabiendo de que es una acción inútil?

Si sufrir represión, intimidaciones, abusos, persecución y cárcel por una iniciativa que no dio resultado alguno, es ser patriota, pues entonces no lo soy. El día que arriesgue mi libertad o mi vida, será por algo que valga la pena. Mientras tanto, emplearé mi tiempo en trasmitir a otros mis conocimientos. Es como me siento útil.

Sin embargo, ¿por qué el régimen reacciona con tanta represión y le tiene tanto miedo al proceso de recogida de firmas? Sencillamente porque el gobierno cubano teme a todo lo que se le oponga, hasta una palabra tan genérica como cambio en una pulseria blanca. El régimen no teme solamente al Proyecto Varela, sino a toda propuesta que venga de la disidencia.

Si en su momento critiqué al Proyecto Varela era para que lo perfeccionaran. Lástima que no sean receptivos y no acepten las críticas constructivas. Cuba no necesita más presos políticos, ni opositores que salgan en la primera plana de El Nuevo Herald. Necesita que sus hijos despierten y tengan las armas suficientes para aprender a defender sus derechos. Pero quien por su gusto muere, que la muerte le sepa a gloria.

Laritza Diversent

Desde pequeña me enseñaron que de los errores se aprende, porque de ellos adquirimos experiencia y sabiduría. Es una pena que haya personas que se nieguen a tomar las lecciones que da la vida.

En mi blog personal, Rostro de Cuba, recibí un comentario que criticaba mi actitud, por demostrar jurídicamente la inviabilidad del Proyecto Varela siete años después de su presentación. El autor o autora no se atrevió a dar su nombre y firmó “MCL2008, Raíces Cristianas de Cuba”.

Lamento que mi análisis jurídico acerca  de la inutilidad de relanzar el Proyecto Varela haya molestado. Reconozco los méritos que en su tiempo tuvo. Marcó un hito en la historia de Cuba y en la lucha pacífica de la oposición contra el régimen y demostró que, cuarenta años después de silencio y represión, había voluntad de cambio. Esa verdad, es innegable.

No obstante, lo que advertí en aquella oportunidad, lo mantengo. Ninguno de los firmantes del Proyecto Varela cumplió con los requisitos exigidos por la ley, para legitimar su propuesta ciudadana. Ésa también es una verdad. Mi intención no fue, ni es, desacreditar a sus autores. Es una pena que algunos piensen que mi opinión se hubiera confundido con la respuesta que dio el régimen al Proyecto.

Nunca dije que realizar el procedimiento de la iniciativa legislativa, según la ley cubana, fuera imposible en las actuales condiciones, pero esa imposibilidad hay que demostrarla. ¿Acaso se molestaron los actuales promotores del Proyecto Varela, en recurrir a un notario para que éste certificara, mediante declaración jurada, que gozaba de sus derechos civiles y políticos? ¿Pueden asegurar, con toda certeza, que los notarios cubanos se niegan a hacer su trabajo?

Evidentemente el procedimiento  de la autentificación de firmas, no sólo traba, sino que en la práctica impide a los ciudadanos proponer modificaciones al sistema legal en Cuba. Incluso, si se intentara  iniciar tal procedimiento, el Estado tendría todos los medios para adicionar más trámites que dificulten la realización de este derecho.

Por ejemplo, la Resolución No. 75 del 25 de abril de 2007, emitida por la Ministra de Justicia, María Esther Reus González, obliga a los notarios cubanos a abstenerse de formalizar Escrituras de invitación de ciudadanos extranjeros y ciudadanos cubanos residentes permanentes en el exterior, a ciudadanos cubanos residentes en el país.

No me extrañaría que les impidieran realizar los documentos notariales, que acrediten la identidad personal y la validez para ejercer el sufragio, de los ciudadanos que pretendan ejercitar la iniciativa legislativa. En todo caso, éste sería un extremo. También está la posibilidad de que a los promotores del Proyecto, les exijan documentos probatorios de que no están invalidados, para ejercer el derecho al sufragio. Por ejemplo, les pudieran exigir certificaciones de antecedentes penales.

Otro punto en contra de la realización del procedimiento de iniciativa legislativa, específicamente el de autenticación notarial de las firmas de los promoventes, está en los deficientes servicios que el Estado brinda a la población. Lo primero que enfrenta un ciudadano que pretenda ejercitar la referida facultad son las tradicionales, odiosas y largas colas. En Cuba solicitar los servicios notariales en los municipios es un proceso realmente agotador. Las filas para reservar un turno para el día siguiente, se inician en la madrugada del día anterior.

Sin contar los costos del servicio notarial. Legitimizar una declaración jurada, requiere un sello timbrado de 10 pesos moneda nacional (MN). La tarifa por el servicio es de 15 pesos (MN). En total, 25 pesos (MN), equivalente a 1 peso en moneda libremente convertible (CUC). Esa cifra sobrepasa lo que gana un trabajador en un día laborable, quien, además, para poder hacer un trámite jurídico, tiene que faltar a su trabajo. Comparado con el poder adquisitivo actual de la población cubana, 25 pesos es una cifra alta.

La cantidad de dinero se puede duplicar si, además, le exigieran, un documento probatorio para realizar el acto. Es el caso de una certificación de antecedentes penales, que necesita un sello timbrado de 5 pesos MN y por ponerlo cobran 10 pesos MN. Esto significaría que cada persona tendría que desembolsar 25 pesos (MN) o 1 peso (CUC) más.

Necesitamos ciudadanos realmente conscientes, que momentáneamente dejen de lado las calamidades (escasez de alimentos, falta de transporte, etc) y sean capaces de emprender iniciativas legislativas. Aún cuando se sabe de que el Parlamento (Asamblea Nacional del Poder Popular) no aprueba todos los proyectos normativos que se le presentan. Como es conocido, los diputados cubanos respaldan casi unánimente a la élite gobernante.

Laritza Diversent