Bloguear es un reto y una satisfacción para mí, tanto desde el punto de vista profesional como personal. Me da la oportunidad de decir lo que pienso, tal como lo siento, sin prohibiciones. La posibilidad de sustraerme del control.

Escribir en internet no es fácil para los cubanos. Un desafío. Y hay que tener valor para enfrentarlo. Porque cada ciudadano es estrictamente supervisado por las organizaciones sociales y de masas. En el barrio, a través de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR); en la escuela, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC); en el trabajo, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), entre otras organizaciones “revolucionarias”.

Lo que a algunas personas fuera de Cuba les pudiera parecer un sistema social estructurado, amplio y plural, es realmente una minuciosa y excesiva maquinaria de control. Cada persona tiene un expediente donde anotan todas las incidencias de su trayectoria estudiantil, laboral y social. De esos controles están conscientes todos y cada uno de los residentes en esta isla.

De ahí el miedo, ese pánico silencioso que acompaña a cada cubano desde que tiene uso de razón. Hay que cuidarse de expresar y opinar sobre el sistema. Si informan de que eres opositor, tu existencia se puede transformar de la noche a la mañana. Puedes perder la carrera con la que tanto soñaste y tu puesto de trabajo, entre otros “castigos”. Lo más triste es que, en la mayoría de los casos, la familia es la que paga las consecuencias. Una manera sutil y solapada de reprimir, pero represión al fin y al cabo

Cuando por primera vez aparece tu nombre en un sitio de internet, especialistas del Departamento de Seguridad del Estado inmediatamente abren un dossier. Y empiezan a diseccionarte e investigarte como si fueras un ratón o un conejo de laboratorio.

Al principio logran volverte paranoico. Pero te habitúas a ese infernal mecanismo de vigilancia prácticamente las 24 horas del día. Hoy, ya no le doy tanta importancia a esa parafernalia controladora que antes tanto temía. Me da lo mismo si me siguen, escuchan y graban mis conversaciones, me tiran fotos, graban videos… Todo ese temor lo superé cuando decidí empezar a bloguear-

Sin embargo, no me duermo en los laureles. Estoy consciente de quiénes son los que detentan el poder y cuánto son capaces de hacer por seguirlo mateniendo. Pero yo decidí asumir los riesgos. La frustración y la impotencia son más fuertes que mis miedos. Ellas te hacen más daño que todo el terror y el control que puedan ejercer sobre tu persona.

Después de haber empezado a bloguear, mi proyección ante la vida y la sociedad cambió. Ahora actúo con libertad dentro de los límites que me dicta mi conciencia, el sentido común y la prudencia. Sin extralimitarme. No tengo madera de heroína. Tampoco deseo destacarme ni ser famosa.

He adquirido una libertad individual. Ya no tengo que justificarme para no ir a un desfile el 1ro. de Mayo o en otra fecha, ni asistir a las patéticas reuniones del Comité de Defensa de la Revolución, sólo para tener un aval que me permita tener un puesto de trabajo con posibilidades económicas o un ascenso en mi vida profesional. Me comporto y me proyecto tal como soy. Sin hipocresía, sin careta, sin doble moral.

Por eso bloguear se ha convertido en algo tan importante para mí. Es el medio que he encontrado para decir lo que siento, sin reproches ni censuras. Contar cómo vivo yo y los que me rodean, sin adornos ni matices. Poder opinar, informar, expresarme. Sentirme libre a pesar del miedo.

Laritza Diversent

Foto: Laritza viendo uno de sus blogs en un hotel habanero.

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Un diploma colgado en la pared, y un puesto de trabajo que no me satisface, es todo lo que tengo. Pero lo prefiero, antes de ser un títere en el sistema de judicial cubano. Licenciada en Derecho, es el título que ostento como profesional en mi país. ¡Qué tristeza y frustración siento al decirlo! Creo que si me dieran otra oportunidad, eligiría otra profesión.

Cuando un conciudadano me pide orientación legal, para resolver un asunto, es cuando más siento el fracaso. No es nada raro ver violaciones de los procedimientos legales y de los derechos ciudadanos. Le das un dictamen, pero sabes, con un 99,9 por ciento de seguridad, de que su caso no será resuelto por las autoridades gubernamentales, ni se le restituirá la legalidad quebrantada.

Me invade la desilusión cuando exijo a los órganos estatales que cumplan la ley, que ellos mismos establecieron. Mil escritos de denuncias, referencias a las normas violentadas… y nada pasa. Con su actuación, las autoridades siguen violando las leyes.

Mi tarea como abogada y disidente es trabajar para que los cubanos conozcan cuáles son sus derechos y, en consecuencia puedan defenderlo. También tengo un sueño: que en Cuba exista un Estado de Derecho. Sin embargo, la realidad me hace despertar y me obliga a desprenderme de la pasión que me llevó a estudiar para que un día hubiera justicia, respeto de los derechos humanos y las leyes fueran cumplidas.

No es pesimismo, es impotencia. Un ejemplo sencillo basta, para ilustrar al lector, de cómo me siento y que es lo que en Cuba significa institucionalidad, orden y disciplina. El lema más hipócrita que haya utilizado la dirigencia histórica para reforzar su poderío.

Es normal que, por disentir abiertamente del régimen, un cubano reciba una citación oficial de los órganos de Seguridad del Estado. Es la forma más común de molestar a un ciudadano, por tener una opinión política determinada. Amenazas, chantajes, represión de todo tipo en las “entrevistas y conversaciones” de los agentes de la policía política con los disidentes.

¿Es esto legal? En Cuba, la citación oficial es un documento a través del cual la autoridad dirige un llamamiento a un individuo, para que éste concurra a un acto o diligencia judicial.

En otros sistemas, se utiliza cuando la persona que ha de ser citada, ha sido testigo ocular o ha participado en un hecho que las autoridades tratan de esclarecer, o porque tiene conocimiento de algo conducente a sus averiguaciones. Opinar, criticar o disentir de las políticas gubernamentales cubanas legalmente no es un delito.

El procedimiento seguido para estas diligencias judiciales está previsto en la ley. Pero en Cuba no se cumple. Ninguna de las diligencias de una citación, tanto de los agentes de la Seguridad del Estado como las de la policía, son expedidas por el secretario judicial, única autoridad facultada por la ley para expedir este documento.

Pese a esa violación, los ciudadanos concurren a las citaciones oficiales. No porque sepan lo que legalmente está establecido ni porque conozca cuáles son sus derechos. Se presentan por la advertencia que le hacen los agentes actuantes, de que si no concurren a la cita, se les impondrá una multa de 500 pesos. Otra violación más: la ley especifica que la multa debe ser de 50 pesos.

Queriéndolo o no, los agentes incurren en un delito de coacción. Sin razón legítima, amenazan a un ciudadano, para obligarlo a hacer lo que la ley no le obliga. El artículo 90 de la Ley de Procedimiento Penal vigente en Cuba deja bien claro que son nulas las citaciones que se practiquen sin cumplir las formalidades legales.

Pero el que hizo la ley, hizo la trampa. La referida norma aclara que, si la persona citada manifiesta conformidad con la misma, la diligencia surtirá todos sus efectos, como si se hubiese practicado conforme a lo dispuesto en la Ley.

¿Cómo se puede legalizar un acto ilegal? ¿Y las consecuencias que estas actuaciones ilegitimas generan? Por tan sólo enumerar algunos: la propia violación de la ley, y la comisión de los delitos por parte de los miembros de los órganos represivos, los mismos que tienen la obligación de hacerla cumplir.

Por otra parte, la Ley de Procedimiento Penal cubana, específica quién es la Autoridad. Como tal reconoce al Instructor, el Fiscal y el Tribunal. Únicos autorizados para solicitar, al secretario del tribunal, que expida una Cédula de Citación.

Los policías y miembros de la Seguridad del Estado, son agentes, y lo que más pueden hacer es entregar el documento. Si efectúan una diligencia de citación, atribuyéndose el carácter de autoridad, incurren en la comisión de un delito.

En este caso realizan, sin título legítimo, actos propios de una autoridad o de un funcionario público, atribuyéndose carácter oficial. Se tipifica un delito de Usurpación de Funciones Públicas (Art. 148.1, inciso a) del Código Penal) y como tal pueden ser denunciados. Pero ni ellos mismos están conscientes de lo que arriesgan con su actuar. Tampoco creo que les importe, porque el propio sistema los protege.

En Cuba, según el gobierno, hay leyes que protegen algunos derechos ciudadanos, lo que no hay es quien las cumpla ni quien las haga cumplir. El gobierno exige institucionalidad, orden y disciplina. Pero a la hora de actuar, impunemente transgrede las leyes, sin importarle que al proceder así, viola legalidad e irrespeta la dignidad de los ciudadanos.

¿No es acaso esto una total hipocresía?

Laritza Diversent

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Recientemente entablé conversación con un desconocido en el P-6, una de las líneas de ómnibus articulados que circulan por la capital cubana. Como en una competencia, empezamos a contarnos anécdotas grotescas. Buscábamos las más exageradas que nos habían ocurrido. Mi interlocutor resultó ser el ganador.

-Hasta despedir a los muertos, en Cuba, es difícil, me dijo. Y me contó que hacía seis meses una sobrinita suya había fallecido. Una pequeña de un año de edad, que había nacido con una cardiopatía congénita y no resistió la complicada intervención quirúrgica.

Un hecho triste, que aquel hombre lo relató con naturalidad y ternura, al describirme la corta vida de su sobrinita. Y pude descubrir el dolor que puede esconderse en una conversación aparentemente placentera, entablada para matar el tiempo de espera en la parada de la guagua (ómnibus) y la rutina del viaje. Entre nosotros no hubo presentaciones. No me dio su nombre, ni yo le di mío. Pero supe que residía en el Cotorro, municipio en las afueras de la Ciudad de La Habana.

La pequeña fue velada en la funeraria municipal. En la florería más cercana, quiso encargar una corona de flores para despedir al angelito, en nombre de su tío y primos. La empleada, sin ningún tipo de sensibilidad, le pregunto quién era el muerto. Él no entendió, pensó que quería saber más del ser que se había ido y describió a la pequeña. Incluso imaginó, que por ser una niña de un año, le harían un arreglo floral bonito.

¡Qué equivocado estaba! La mujer, insensible, buscó en una lista de fallecidos, para ver cuáles familiares no habían encargado coronas. Porque “tocaban” dos coronas nada más por cada muerto, y la nena, había recibido ya las dos a la que tenía derecho.

Entre asombro e indignación, le pregunté si lo ocurrido era cierto. Me dijo que sí. Pero su cuento no acababa ahí.

Protestó y la dependienta sólo le respondía “eso es lo que está orientado”. Después de mucho suplicar, la señora le dijo que si no entraba otro fallecido antes de las cuatro de la mañana, le podía resolver una corona y así sucedió. En señal de agradecimiento, le dio un dinero que con gusto ella aceptó.

Pensé que era el final de la triste historia. Casi llegaba la parada donde se quedaba el desconocido, y ya junto a la puerta me dijo:

-Pero eso no fue lo único que nos pasó. Colocaron a la niña en un féretro medio metro más grande que su tamaño. La indignación de la madre fue tal, que a gritos pedía un periodista independiente, para que reportara aquella falta de respeto.

Se bajó tan rápido, que no me dio tiempo a decirle de que había hablado con una periodista independiente. Durante el resto del recorrido no hablé con nadie más.

Me quedé meditando. Y me percaté de la trascendencia del trabajo que hacemos. Me dio satisfacción escuchar, de boca de un desconocido, que cuando hay impotencia e indignación, se piensa en nosotros, los periodistas independientes, como una alternativa válida para denunciar.

Pero también me pregunté: ¿hasta dónde llega el sistema de racionamiento en este país? Fuera de Cuba, pocos pueden imaginarse cómo, en medio de tantas dificultades, logramos sobrevivir cada día. Y la agonía que pasamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Un verdadero vía crucis.

En nombre del dolor y la impotencia de una familia que ha pasado por el duro momento de perder a una criatura, he querido hacer este relato. Y dedicarle este hermoso arreglo floral.

Laritza Diversent

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En la Calle 100 y la Autopista Habana-Melena, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, existe un vertedero. Allí las empresas estatales vierten sus desperdicios. La podredumbre, el hedor y las aves de rapiña forman parte del entorno. También están los “buzos”, personas que en busca de cualquier cosa, servible o no, se sumergen en las montañas de basura.

Las autoridades tienen prohibida la entrada al lugar, pero la población se hace de la vista gorda. Más de treinta o cuarenta personas diariamente visitas este basurero. Unos, en busca de alimentos para cerdos. Otros, de materias primas para venderlas en almacenes estatales. Siempre se encuentra algo.

De vez en cuando alguien grita “los azulejos” y todos corren. Algunos logran escapar del operativo, otros son montados en el camión policial. Saben que saldrán con una multa, de no menos de 200 pesos en moneda nacional.

“Parece fácil contarlo, lo que nunca se olvida, es el abuso de poder que los policías emplean”, dice Diego Ramos, joven arrestado cerca del lugar, por no tener encima su carné de identidad. Ocurrió hace algún tiempo, pero aún le queda el sabor amargo de la impotencia. En el momento de la detención, Diego intentó explicar al agente por qué no lleva el documento de identificación. Residía a un kilómetro del lugar, y se dirigía visitar a una familia que vive a la entrada del basurero.

El policía, de la raza negra, de unos 1.95 metros de estatura y unas 220 libras de peso, perteneciente a un cuerpo especializado, le repitió que no quería escucharlo. Como el joven insistía, le dio una bofetada, y lo lanzó al camión. Mientras rememora lo ocurrido, la rabia asoma a su rostro. “Me tuve que quedar con los brazos cruzados, no pude hacer nada, llevaba todas la de perder”, confiesa Ramos.

Lo condujeron hasta la Unidad del Cotorro. Después de comprobar su identidad y verificar que no tenía antecedentes penales, lo liberaron. Estuvo cerca de 4 horas detenido. Quiso denunciar al agente. Preguntó a su vecino, un teniente coronel del Ministerio del Interior, dónde podía hacer la denuncia. El militar le dijo que perdía el tiempo si no tenía testigos. Los otros policías no apoyarían su versión y los ciudadanos que presenciaron lo ocurrido era casi imposible localizarlos.

En Cuba no es frecuente ver a policías golpeando a un ciudadano en la vía pública, pero eso no significa que no suceda. Si se realizara una encuesta entre ciudadanos de 16 y 35 años, de uno y otro sexo, los resultados podrían ser sorprendentes. Y descubriríamos que son más de los imaginados, los cubanos que han sido víctimas del algún tipo de abuso policial. Como Diego Ramos. O como las dos jóvenes de este testimonio gráfico de Robin Thom, Flickr:

Laritza Diversent

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Miguel era un trabajador que llevaba cinco años laborando como cocinero en una empresa estatal. Se levantaba a las tres de la madrugada para realizar un viaje de más de 12 kilómetros y llegar temprano a la empresa. Cumplía con todas las orientaciones del sindicato, cotizaba y en dos ocasiones fue elegido “trabajador vanguardia”.

El salario que recibía no le alcanzaba para solventar sus necesidades económicas. No obstante, entre sus planes no estaba la opción de abandonar el empleo. Tiene una esposa y tres hijas menores que mantener. Unas veces más, otras menos, compensaba las carencias con lo que allí resolvía, la comida de casa.

Miguel se llevaba parte de los alimentos del almuerzo destinado a otros trabajadores, para sostener a los suyos. Aceite, pollo, pescado, huevos, calamares, viandas, granos… la necesidad lo impulsaba a llevarse lo que fuera. Asegurar la subsistencia inmediata de los familiares a su abrigo era su principal responsabilidad.

En ocasiones, muy discretamente, vendía en el barrio alguno de los productos que hurtaba. Con ese dinero cubría otros gastos. Las niñas necesitaban ropa interior y zapatos. Artículos que sólo venden en las tiendas recaudadoras de divisas, y que él no recibe pues le pagan en pesos.

Un día, alguien informó lo que Miguel hacía. Fue separado del centro, y por ser la primera vez, el tribunal lo sancionó a seis meses de privación de libertad por un delito de hurto, en un correccional, para laborar en la agricultura. En la sentencia no se tuvo en cuenta los motivos que lo llevaron a cometer lo que en buen cubano se conoce como “robo”. Sin embargo, la pena que sufre no impide que, desde su nuevo trabajo, continúe llevándose alimentos para su casa cuando sale de pase.

Antes del triunfo de la revolución, en la legislación penal cubana existía la figura del “hurto famélico”. Una circunstancia que, en unos casos, eximía al autor de responsabilidad penal, y en otros, disminuía la sanción. Se apreciaba cuando una persona, hambrienta o indigente, se apoderaba de objetos necesarios para su supervivencia y de las personas a su abrigo.

La justicia revolucionaria eliminó esta figura del derecho penal. Se suponía que el gobierno implantado el 1 de enero de 1959, atendería las necesidades de todos por igual. Supuestamente, se había eliminado la vagancia, el desempleo, la mendicidad y los vicios, causantes de miseria.

Visto así, parecía innecesaria esa figura en el Código Penal. Para los legisladores socialistas, ningún ciudadano, en las nuevas condiciones creadas, tenía una necesidad extrema que lo impulsara a cometer el delito de “hurto famélico”. Era un país en el cual todos sus ciudadanos gozaban de oportunidades y del derecho al trabajo.

Es irónico que en la actualidad, sea precisamente la clase proletaria, la que se encuentra en un estado de necesidad tal, que se ve obligada a hurtar los recursos del Estado para sobrevivir y mantener a su familia. Es uno de los problemas sociales que más afecta a la economía nacional y que el gobierno enfrenta como una “lucha contra las ilegalidades”.

Pero lo cierto es que a la benévola justicia que aplica la sociedad revolucionaria, le interesa más sancionar como efecto ejemplarizante, que perdonar un hecho delictivo cometido por necesidad. Cincuenta años después, la experiencia demuestra que la revolución es incapaz de atender por igual las necesidades de la población.

Ha aumentado la holgazanería y la indigencia y se ha disparado el soborno y la corrupción. Quedó demostrado que el pleno empleo, por sí sólo, es insuficiente para hacer desaparecer la miseria, y con ella, la comisión del “hurto famélico”.

La historia de Miguel se repite a diario en muchas familias cubanas. Y se puede contar de diferentes formas y con otros personajes. La realidad es una: la crítica situación económica que atraviesa el país desde hace décadas, ha llevado a la mayoría de los trabajadores vinculados laboralmente con el Estado, a convertir el “hurto” en un medio de vida indispensable para subsistir.

Laritza Diversent

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De adolescente, mi sueño era convertirme en una exitosa abogada. Logré ser una profesional del derecho, pero hacer justicia y que se cumpla la ley, cada día está más lejos de hacerse realidad en mi país.

El 20 de agosto, después de terminar mi jornada laboral y cuando regresaba a mi hogar, encontré una patrulla en la esquina de la casa. Miradas confusas, hasta que una vecina me avisa que en mi domicilio la policía estaba efectuando un registro. La noticia me enfrió el estómago y me puso el corazón en la boca.

Había una moto marca Suzuki, tres agentes de la autoridad, de la estación del Capri, barrio del municipio Arroyo Naranjo. Estaban incorrectamente vestidos: llevaban pulóvers de civil y pantalones de uniforme. Uno observaba, el otro registraba y en medio de patio, iban poniendo los objetos a decomisar, mientras que el tercero los contabilizaba en papel.

Estaban buscando a mi cuñado. A mi esposo, un joven que como el resto de los cubanos desconoce la ley y sus derechos, los agentes le mostraron una denuncia anónima y le dijeron que debían hacer un registro. Y aunque inconforme, él aceptó.

En realidad en mi casa no entraron, pero según dijeron, registrarían todas las viviendas. Vivo con la familia de mi esposo. Cada uno independiente, pero las casas, todas de madera, están pegadas unas al lado de las otras. Somos varios núcleos familiares divididos, pero con una sola dirección y libreta de abastecimiento.

Me dirigí hacia los agentes y les pedí que me mostraran la orden de registro. Se negaron. Me pidieron un documento que acreditara mi profesión de jurista. La tensión se les vió en el rostro. Según ellos, no tenían que mostrarme nada y así lo hicieron. Pedía algo que ellos, en su proceder, no están acostumbrados a utilizar.

Trataron de darme mil explicaciones, incluso me dijeron que por mi condición de letrada y después de presentarles un contrato de servicios jurídicos, podía ver la denuncia. Alegué que no necesitaba que me contrataran. Como abogada podía defender a mis familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad sin necesidad de ese trámite.

Mi insistencia en ver la orden de registro sacó de compostura al primer teniente Emilio Barrio, quien en un arranque de ira, vociferaba como un demente. Olvidó lo que su profesión representaba y, sobre todo, que trataba con una dama. Sin el más mínimo tacto, me expulsó de allí. Para no empeorar la situación de mi familia, decidí apartarme. No obstante, ya sabían que no podían proceder a registrar otra de las viviendas sin el mencionado requisito.

Al rato, cuando ya el primer teniente tenía los objetos decomisados encima de un camión, me comunicó que su superior había llegado y que podía hablar con él. Éste me mostró la orden de registro, pero se negó a darme la copia. Según ellos, nada los obligaba a hacer tal cosa. Entré y busqué el correspondiente artículo de la Ley de Procedimiento Penal, pero no me dio tiempo a mostrárselos. Abandonaron el lugar rápidamente.

Buscaban una “fábrica de medallones”, sin más especificación. Decomisaron una computadora, 28 libras de queso, medio saco de sal, una nevera, un horno casero y todo lo que les pareció.

Además de alterada, el incidente me dejó un sabor amargo como profesional del derecho: el de la impotencia y la frustración. Ver cómo con total impunidad violan las leyes y los derechos ciudadanos, y no poder hacer nada.

Los agentes procedieron al registro de un domicilio privado sin cumplir las formalidades, que al respecto exige la Ley de Procedimiento Penal. Sus reacciones me dieron a entender o que desconocían totalmente la norma en la cual me amparaba para pedir la copia de la orden, o no la tenían consigo. Creo que había un poco de las dos cosas.

La Ley de Procedimiento Penal, en su artículo 218, exige la presentación de una resolución fundada del instructor, con aprobación del fiscal, copia de la cual se entrega a la persona interesada, para proceder a tal diligencia.

Lo que me mostró el jefe de los agentes, parecía una planilla o un modelo, no una resolución. En el artículo 219, la ley exige, que ésta precise el objeto y las razones que justifican adoptar la medida. El documento mostrado no especificaba ningún objeto, ni argumentaba razones.

A pesar de que el artículo 220 les ordena no extender la diligencia a extremos ajenos a lo que sea objeto estricto de la investigación del delito, los agentes decomisaron bienes que en nada se relacionaban con la existencia de una supuesta fábrica ilegal.

En el proceder de los agentes de la unidad policial del Capri, en vez de legalidad, primó la prepotencia y falta de profesionalidad, lo que reafirma la poca preparación de los cuerpos policiales cubanos. Un cursillo de seis meses no es suficiente para que aprendan lo que la ley ordena, si es que se lo enseñan.

En Cuba, vestir un uniforme policial, convierte a determinadas personas en seres superiores al resto de los mortales. El poder adquirido es tal, que éstos se sienten con el derecho de actuar impunemente, a sabiendas de que cometen delitos y de que violan derechos ciudadanos. Lo hacen confiados y con el respaldo del sistema, que los protege.

“Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”. Así se pudiera interpretar el nuevo lema de Raúl Castro: institucionalidad, orden y disciplina. A los ciudadanos hay que hacerles cumplir y respetar la ley, aunque sus agentes, la violen flagrantemente.

Laritza Diversent

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En la estación de policía, el oficial de guardia orientó a los agentes que llevaran a Rafael y a Dennis al hospital Miguel Enrique, situado en el mismo municipio, Diez de Octubre. Los dos estaban golpeados, con moretones en el rostro, rasponazos y quemaduras por fricción. Debían recibir atención médica y un certificado por lesiones y aliento etílico.

En el centro hospitalario, Rafael continúa ofendiendo a los oficiales. Uno de ellos, molesto, dice cómo llevará a cabo su venganza. Reconoció que Dennis no lo había golpeado, pero como él podía más que los dos marginales juntos, acusaría a Dennis de atentado.

Después de la valoración de los médicos, los condujeron de nuevo a la unidad policial. A Dennis lo encierran solo en un calabozo, para esperar que se le bajara la hinchazón. Hasta ese momento, nadie le preguntó nada, ni siquiera su nombre.

Al día siguiente, Dennis se percata que Rafael, al dar las generales de su amigo, había dado un nombre falso. Dennis reconoce que calló cuando la instructora Alejandrina, lo llamó por Roger. Sintió miedo. Y para supuestamente no empeorar su situación, firmó con ese nombre.

Sin saberlo, acababa de cometer su segundo delito, el de desobediencia, según la legislación penal vigente. No presentó documentos falsos, y tampoco la ley, en el momento de declarar, exige a los acusados ajustarse a la verdad. En todo momento, los órganos de justicia tiene la obligación de investigar y probar.

En dos ocasiones más, en cuatro meses, Dennis fue detenido por no llevar encima ningún documento identificativo. La instructora ya sabía que su nombre no era Roger. La primera vez, lo soltó. La segunda, decidió encerrarlo. Es cuando Dennis da sus datos. Buscan en sus antecedentes penales y sólo encontraron una multa de 20 pesos sin pagar.

A partir de ese momento, la instructora Alejandrina le aseguró que iría prisión. Bajaba a los calabazos sólo para repetirle: “Yo puedo más que tu, te voy hacer pagar todo lo que me hiciste pasar a mí”.

Con anterioridad, Alejandrina había confirmado a los familiares de Dennis, el testimonio dado por éste, de que los agentes lo habían golpeado. Al principio, ella sintió pena y lástima por un hombre joven, a quien además de recibir una golpiza, injustamente lo querían acusar de atentado.

Pero el nombre falso de Roger complicó la situación. Tal vez la instructora se ganó un regaño y, en venganza, decidió actuar contra Dennis Guerra. Los hechos hasta aquí relatados, no fueron expuestos ante el tribunal el día del juicio. Ni la parte acusadora ni la defensora hicieron referencias al mal proceder de la policía.

No se presentó como testigo el “caballito” de tránsito vial, ni se mostró el certificado médico de las lesiones recibidas por Dennis. Tampoco fue presentado el viejo Rafael, responsable principal de lo ocurrido el 3 de enero de 2009.

Laritza Diversent

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