Cerrado, para cubanos

Hay regiones de mi país donde yo no puedo entrar, todavía. Al menos si no voy cargado de documentos oficiales, autorizaciones, avales y cartas de recomendación. Toda una lista se llena con ellas. Estoy acostumbrado: en Cuba se pueden hacer –o ya las han hecho los que mandan- listas con una infinita variedad de elementos prohibidos para los cubanos. Hay una lista de webs a las que no puedo entrar, una de revistas y periódicos que en las bibliotecas estatales no dejan consultar (sobre todo los que muestran a mis actuales gobernantes cometiendo errores dignos de silenciar), otra de filmes –Antes que anochezca, La ciudad perdida…- que no puedo encontrar en las videotecas y cines estatales, de músicos que está prohibido poner en la radio y la televisión –Alejandro Sanz, Willy Chirino, Porno para Ricardo… La más indignante es la de personas que no conviene llamar por teléfono o visitar –yo lo hago de todas formas, y por eso debo estar incluido también en ella-, hay otra con personajes históricos que no pueden ser mencionados sin que se les endilguen ofensas –los comandantes Eloy Gutiérrez Menoyo y Húber Matos, el presidente Estrada Palma… Hay decenas de listas de lo vedado al ciudadano común en Cuba. Pero son las regiones prohibidas de nuestra geografía las que me interesan en este reporte de viaje.

El post con que inauguré el blog contaba cómo no pude entrar al Cabo de San Antonio, en Guanahacabibes -en el extremo occidental de Cuba- por la única razón de que yo no era extranjero. Aquella vez los funcionarios del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente me negaron el paso, como estaba orientado que le hicieran a todo cubano residente en la isla. Mientras me consolaba del frustrado viaje, unos cuantos vehículos con chapa de turismo pasaron raudos, rumbo al Cabo; frenaron el tiempo justo para preguntarle la ruta, con acento andaluz e italiano, al solícito guardián que les levantaba la barrera.

En el extremo opuesto del país, a medio camino entre Baracoa y la desembocadura del río Yumurí –costa norte- hay otro de esos puestos ¿fronterizos? En él unos espeleólogos, conocidos en la zona y cargados de autorizaciones oficiales, esperaron casi una hora, al sol del mediodía, hasta que el oficial a cargo consideró que podían pasar, rumbo a la Punta de Maisí.

El archipiélago Sabana-Camagüey, que bordea la costa norte de las provincias centrales, también está prohibido. Sembrado de hoteles entre Cayo Santa María y Paredón Grande, con pocos accesos terrestres –unos antiecológicos y descomunales terraplenes desde Caibarién y Turiguanó-
los vehículos que transportan cubanos son cuidadosamente revisados por agentes de la Policía, ante los que hay que agitar sin demora cuanto documento lleve uno arriba, so pena de que lo hagan bajar y quedarse. Y no se puede entrar por simple turismo; si uno no lleva reservación para algún hotel, o no tiene credenciales como trabajador o participante en eventos ya registrados, no entra.

Lo mismo ocurre en Sabinal, menos explotado turísticamente, y en Cayo Romano, el mayor y más conservado de la cayería. Como si fuera poco, hay al menos uno de esos islotes que exige doble proceso de autorización: Paredón Grande. El cubano que llega hasta allí debe mostrar permisos, y como la vía de acceso terrestre es a través de Cayo Coco –en cuya entrada de Turiguanó ya le revisaron los papeles- pues resulta que se es doblemente chequeado.

Pero Isla de Pinos, que todavía tiene el nombre de oficial de Isla de la Juventud, es un caso todavía más irónico. Hasta bien entrado el siglo XX no quedó clara la soberanía cubana sobre la agreste comarca, frente a los amagos colonizadores de los norteamericanos. Y ahora, en pleno siglo XXI, el acceso de nuestros nacionales al sur de esa isla menor –su parte más extensa e inhóspita- requiere de más permisos y trámites que los que necesita un ciudadano de la Unión Europea para pasar de un país a otro. Y ni hablar si el cubano pretende conocer al célebre Cayo Largo, más de 100 kilómetros al este: yo solo he podido verlo desde un avión.

No solo hay tierras vedadas. También las aguas que rodean la isla, supuestamente aguas territoriales, son nocivas –según creen las autoridades- para los cubanos. Un par de jóvenes del pintoresco Cayo Smith –o Cayo Granma, su nombre oficial- dueños de botes en los que dan recorridos por el interior de la bahía de Santiago de Cuba, abrieron los ojos con asombro cuando les sugerí asomarnos por el vistoso lado exterior de la bahía, donde se levanta el Castillo del Morro. “Eso está prohibido”. Y esta es regla nacional: cada cubano que esté en una embarcación marina debe andar poderosamente autorizado, o se arriesga a dormir en un calabozo.

En todos estos casos la protección ecológica, que es la justificación para restringir o controlar el acceso a muchas zonas protegidas en el mundo, queda descartada, por la marcada diferencia entre los trámites que realiza un ciudadano extranjero y un residente nacional que quiera visitar cualquiera de estas zonas. Al visitante foráneo le basta con asomarse, mientras el cubano, cuando no tiene reservaciones adquiridas con anticipación –si la zona es hotelera- puede llegar a los tres meses de espera, buscando autorizaciones de hasta media docena de funcionarios ¡eso si tiene una justificación válida!, y a expensas siempre de que se le niegue el acceso por cualquier capricho baladí.

Donde nuestro destierro se hace colosal es en Caimanera, la ciudad más cercana al perímetro de la estadounidense Base Naval de Guantánamo. Los cubanos sentimos el territorio de La Base como parte de nuestro país, y esperamos que algún día lo sea en los hechos. Por supuesto, no podemos entrar en ese lugar, pero por si fuera poco, quienes nos mandan han extremado la distancia a tal punto, que a Caimanera, ciudad que sí es plenamente nacional, no entra un cubano si no está autorizado con mucha anticipación y justifica su visita con una solicitud de familiares residentes en el pueblo, que también han de informársela a las autoridades.

Los motivos más probables para tanta discriminación dan vergüenza: impedir las salidas ilegales -¿acaso nuestra isla es una cárcel, que es de donde único alguien puede salir ilegalmente?-, proteger la naturaleza –¿protegerla de los cubanos que andan a pie, no de los extranjeros en autos contaminantes en los que pueden llevarse sin problemas cualquier criatura en extinción?-, impedir desvíos de embarcaciones navales o una provocación a La Base…

De todos estos pretextos, y de la flagrante discriminación que procuran encubrir, se desprenden dolorosas conclusiones. La más obvia: que los cubanos residentes en este país no somos considerados ciudadanos poseedores de derechos inviolables ante las instituciones del Estado -cuya razón de ser es garantizar esos mismos derechos- sino algo muy distinto: unas personas que viven en el lugar donde gobiernan otras, y cuyo valor está por debajo, y subordinado, al de las políticas y los intereses de esos gobernantes. El temor colosal de estos individuos a perder su autoridad ante las salidas ilegales, los improbables desembarcos clandestinos, o la presión sicológica de un conflicto con La Base Naval, nunca puede ser razón, en el siglo XXI, para mantener medidas discriminatorias contra sus propios ciudadanos. Eso solo apura la necesidad de apartarlos del camino, si ellos mismos pierden la oportunidad de rectificarlo. Hoy, su meta es bien clara: derribar los silenciosos muros y discriminaciones que los temores de otra época levantaron, ponerse en paz con su pueblo; y reconstruirle el orgullo.

Cuando cualquier cubano pueda mirar al mar, desde el Cabo de San Antonio, sin sonrojos ni permisos, habrá una buena señal.


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